El abogado Juan Ernesto Garantón formalizó en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de defensa de intereses colectivos y difusos de todas las mujeres a quienes les implantaron prótesis PIP, para que el alto tribunal obligue a cada médico a retirarlas y sustituirlas gratuitamente con otras debidamente avaladas por el Ministerio de la Salud.
El abogado también exige que se prohíba realizar otros implantes por razones de estética hasta tanto no se sentencie su demanda. Garantón precisó que no se trata de un amparo, sino de la acción que le autoriza el artículo 26 de la Constitución de la República.
El abogado señala que, a su modo de ver, los médicos debieron revisar previamente cada prótesis y no apresurarse a operar por sólo complacer el deseo de las pacientes de mejorar su apariencia y por el afán de lucro que despertó la moda.
Amparo en espera. El amparo que introdujeron el viernes 470 mujeres representadas por el abogado Gilberto Andrea fue asignado a la jueza 9ª de Primera Instancia en lo Civil, Carolina García Cedeño. La respuesta de la admisión debería producirse hoy. La demanda es contra los comercializadores de las prótesis.
Las consultas en algunos centros asistenciales todavía no se reinician, pero en el Hospital de Lídice en Caracas comenzaron a llegar pacientes interesadas en la extracción de las prótesis defectuosas, informó la jefa del servicio, Beatriz Socorro. (Con informacion de Ultimas Noticias)
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