Desde hace
par de semanas el Gobierno Nacional le decretó oficialmente la guerra a
las mafias dedicadas al contrabando de extracción de productos básicos,
y combustible que operan en Venezuela con el fin de venderlos más caros
en países cercanos. Guerra en pro de los venezolanos que hasta la fecha
ha dejado al menos 2 efectivos de seguridad fallecidos, varios heridos,
y misma guerra que ahora va con más fuerza en honor de los afectados.
Este fin
de semana el país perdió a un defensor más de la soberanía y economía
venezolana, específicamente la noche del viernes 22 de agosto en el
municipio Guajira del estado Zulia. El oficial del Ejército venezolano,
Mayor Raúl Bracho Jaimes, pereció mientras se encontraba junto a una
comisión en un operativo contra el contrabando, y sorpresivamente fue
emboscado por parte de una mafia dedicada a dicho acto delictivo. Hecho
lamentable por el que miembros del Ejecutivo Nacional recalcaron, que
desde ahora, la lucha será más radical, en memoria de quienes cayeron
mientras se encontraban en pie de lucha por un mejor país.
El
“bachaqueo” o contrabando en Venezuela no ha sido un asunto fácil, y es
que según el Gobierno Nacional, las pérdidas por extracción de
combustible equivalen a 100 mil barriles diarios de petróleo, y
asimismo, ha enfatizado que alrededor del 40 % de los productos básicos
con precios subsidiados, y que son expendidos en cadenas de
distribución son desviados hacia Colombia.
Despliegue de efectivos en la frontera
Debido a
esta problemática, fueron desplegados por lo menos, en el área
compartida con Colombia, 17 mil efectivos, y también fue restringido el
tránsito vehicular de particulares y ciudadanos en la frontera, en el
horario nocturno comprendido entre las 10:00 pm y 5 de la mañana durante
30 días, con el fin posterior de estudiar el impacto del plan.
El jefe
del Comando Estratégico Operacional, general de división Vladimir
Padrino López; el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza; el ministro
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres; el
secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, gobernadores de
Táchira y Zulia, autoridades de las REDI Occidente, Los Andes, Los
Llanos y Guayana, así como el director general de Fronteras del
Ministerio de Relaciones Exteriores, son los sujetos encargados de
desarrollar con éxito, el plan del Estado Mayor Fronterizo cívico-
militar, y que fue oficializado en Gaceta N° 40.220 de fecha 2 de agosto
de 2013.
En
distintas oportunidades, funcionarios del Gobierno Nacional dictaminaron
la participación del 3 % de la comunidad Wayúu en el bachaqueo,
situación por la que voceros de la comunidad llegaron a manifestar “No
somos bachaqueros, somos wayúu”, asegurando además, que era falso, y que
temían ser perseguidos por tal acusación, sin embargo, no desestimaron
la participación de integrantes indígenas en estos hechos.
El bachaqueo no es novedad
El
contrabando de extracción no es una situación nueva, en una entrevista
realizada al general del Ejército, Gerardo José Izquierdo Torres, jefe
de la Primera División de Infantería, y que fue publicada en Panorama
el 25 de febrero de 2012, el efectivo aseguraba que las gasolineras en
el Zulia eran amedrantadas con armas de fuego, y que para ese entonces
la Guajira era resguardada por cerca de 600 efectivos de la FANB.
Asimismo detallaba que estas mafias poseían hasta radios, y además
contaban con colaboradores que informaban en donde se encontraban las
alcabalas.
Para el
momento, Izquierdo, estimaba que cerca de 70 millones de litros de
gasolina salían hacia Colombia ilegalmente, y que entre los modus
operandi también se encontraba el traslado de combustible en época de
sequía por el río El Limón con el fin de evitar las alcabalas, asimismo,
que también hacían uso de las playas, donde ciudadanos hasta morían
ahogados haciendo la travesía.
Tenemos varios puntos de control fijo, otros estratégicos que sabemos que pasan los bachaqueros y allí hemos puesto obstáculo para detener el vehículo con el cargamento, pero han tenido el descaro de colocar una contramedida, porque cuando instalamos barras de cabilla para desinflar los cauchos, ellos ya los traen llenos de arena, con la caja de arranque modificada para que el vehículo siga rodando.
En marzo
del 2012 también resultaron heridos oficiales de la Policía de Maracaibo
y hubo un fallecido en el municipio Guajira luego de un enfrentamiento
entre un grupo de bachaqueros de gasolina, y efectivos, quienes
intentaron poner orden en el lugar. Asimismo se conoció el hecho
lamentable en el que bachaqueros chocaron el camión 350 donde se
encontraban, continuamente, contra una unidad militar Tiuna, a fin de
sacarla del camino, y luego se devolvieron disparando, acto que dejó
como resultado dos funcionarios heridos.
En mayo de ese año, el comisario Alfredo Prieto,
jefe del Cicpc-El Moján, sufrió un accidente tras intentar esquivar un
camión de contrabando de combustible que venía de frente, en el sector
la Flor de Mara, Zulia, y situación que lo hizo “lanzar” el vehículo
hacia el monte.
Posteriormente,
en julio del 2012 bachaqueros arremetieron contra el general de
brigada Pedro Pérez Ravelo, comandante de la 13 brigada de Infantería,
también en el municipio Guajira. Los delincuentes emboscaron el auto en
el que se encontraba Ravelo, y propinaron 10 disparos contra el
vehículo, pero el general salió ileso.
Evitando el contrabando
El
contrabando de gasolina se habría salido de las manos del Gobierno, por
tal motivo fue aplicado el chip a los vehículos en el Zulia y Táchira,
que según para el ministro Rafael Ramírez, evitó a Venezuela entre 2011 y
2012 la pérdida de 442 millones de dolares por año.
En agosto
de 2012, mientras efectivos de la FANB desarrollaban la operación
Centinela y decomisaban 124 mil litros de gasolina, resultaron heridos
dos guardias nacionales en sector La Punta de Paraguaipoa, municipio
Guajira, luego de que contrabandistas incendiaran una camioneta de la GNB con bombas molotov.
Ese mismo
mes, fue activado el Plan Centinela II, donde fueron desplegados 8 mil
militares en los municipios de Táchira, haciendo mayor presencia, con 3
mil 500 funcionarios, en el eje fronterizo con Colombia.
Posteriormente, en diciembre, murió, tras ser arrollado por parte de bachaqueros, el sargento segundo de la GNB, Eduardo Marcial Vásquez
Vargas de 26 años, en el sector El Cuatro, en el municipio Mara. Según,
Marcial le habría dado la voz de alto a los bachaqueros, pero
decidieron atropellarlo con un camión 350.
Tras 4
días de tensión, en marzo del 2013 en los municipios Mara y Guajira por
enfrentamientos entre bachaqueros y la Policía, una protestante aseguró
que autoridades zulianas lanzaron a la calle a funcionarios “a matar a
los wayúu”, y luego argumentaban que eran supuestos bachaqueros. Es
decir, que la situación era distinta, a lo que los gobernantes
manifestaban.
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