El 14 de agosto, en el tribunal 17, del Palacio de Justicia en Caracas, la Jueza Decimoséptima de Primera Instancia Itinerante, Vanessa Lista, sentenció al exfuncionario del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) Ángel Romero, conocido con el alias de “Manguera” a la pena máxima de 30 años por el asesinato de Sabino Romero, líder de las comunidades yukpa en lucha por sus territorios.
La sentencia, si bien no resarce la
dolorosa y sensible pérdida del cacique asesinado, constituye un
importante precedente en la historia venezolana pues, quizás por vez
primera, se reivindica por vía juridiccional la justa lucha de los
pueblos originarios por la defensa de sus derechos.
No es necesario detallar acá las
presiones, amenazas y el acoso de que fueron y son víctimas los
familiares, amigos, deudos y compañeros de lucha de Sabino Romero
para que desistieran de la denuncia del crimen, lo cual fue
suficientemente reseñado por las redes sociales y medios de prensa
regionales y nacionales, pero es necesario mencionarlo para dar idea de
la complejidad del tema, a la vez que alertar sobre la nefasta
continuidad que pudiera sobrevenir por parte de los poderosos intereses
afectados, como respuesta a la correcta decisión del tribunal.
El cacique Sabino
liderizó valientemente en los últimos años, la recuperación de los
territorios indígenas de su pueblo. No fue él la única víctima de la
clase terrateniente zuliana. Los yukpas han pagado un caro precio por
sus recuperar us tierras. También fue muerto a golpes el padre de Sabino,
a sus 97 años de edad. Como también otros familiares y jefes indígenas
de la zona. Cada paso avanzado por nuestro hermanos indígenas, costó
vidas, heridos y presos
Aún está pendiente, la revisión de la condena a los otros sicarios participantes en el homicidio, Jhon Luis Petit, Giovanny José Delgado, Rigoberto José Socorro Morán, D’erizan Romero Eusquides Jesús y Delvis José Cárdenas Palencia, exfuncionarios de PoliMachiques. El Tribunal Supremo
ordenó la revisión de la pena de 6 años y dos meses que están
cumpliendo como resultado del juicio, por considerar que los afectados
no fueron solo el luchador indígena y su esposa Lucía -quien resultó
herida en el atentado- sino también la comunidad originaria, por ser el
asesinado “un cacique de la comunidad étnica Yukpa, que liderizó una
lucha por el derecho a las tierras ancestrales de su pueblo”, según
establece el dictamen de la máxima instancia judicial.
Restan dos aspectos esenciales para
hacer justicia en este caso. Son dos grandes deudas a saldar del y por
el pueblo bolivariano. Lo primero es determinar las responsabilidades
intelectuales que movilizaron a los sicarios, quienes no actuaron por
voluntad propia, debido a venganza personal o cualquier otro interés
particular, sino que, casi con toda seguridad, fueron pagados por
poderosos personajes de la región. Según algunos denunciantes ya hay
nombres concretos indiciados, por lo que las investigaciones deben
proseguir hasta el final.
Es un buen ejemplo de como la clase
oligarca promueve el paramilitarismo en contra de la clase humilde
luchadora, infiltrando los cuerpos de seguridad pública. Lo segundo -y
quizá lo principal- es profundizar y garantizar la justa demarcación del
territorio indígena, labor que inició el gobierno revolucionario por
mandato del presidente Hugo Chávez y ha sido continuada por el presidente Maduro, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Culmino estas líneas enviándole un
saludo solidario al aguerrido pueblo yukpa, expresando mi beneplácito
por la reciente sentencia y haciendo un llamado a no desmayar para que
prevalezca la equidad y la rectitud de la justicia.
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