La
fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, ofreció este miércoles el balance
de los hechos de violencia ocurridos luego de la elección presidencial del
pasado 14 de abril, los cuales dejaron un total de nueve personas fallecidas y
78 lesionadas, además de las denuncias de asedio a los Centros de Diagnóstico
Integral (CDI).
En
rueda de prensa, Ortega Díaz precisó que toda esta situación se originó a raíz de los “llamados irresponsables de
algunos actores políticos del sector de la oposición para atentar contra las
personas, contra las instituciones y contra los venezolanos”.
Detalló
que algunos dirigentes de oposición se valieron de medios de comunicación y
redes sociales para difundir mensajes directos y subliminales, incitando a la
ciudadanía a tomar acciones de calle, “acciones hostiles y contrarias a la ley,
lo que condujo a un sector de la población a agredir a sus conciudadanos, alterando
la tranquilidad y paz pública con la falsa creencia de que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) no estaba siendo imparcial”.
En
el marco de estos hechos, la
Fiscal General hizo referencia al homicidio de Luis Ponce y
Rosiris del Valle Reyes, a quienes un grupo de personas les disparó cuando
pasaban por el sector El Triangulo de Monterrey del municipio Baruta, estado
Miranda.
De
acuerdo con la investigación que coordina el Ministerio Público, Ponce murió en
el sitio, mientras que Reyes fue trasladada al Hospital Domingo Luciani, donde falleció
el pasado 17 de abril.
Informó
que por este caso está privado de libertad Carlos Serrano López, a quien se le
imputó el delito de homicidio calificado por motivos innobles.
En
el caso de las personas fallecidas en el Zulia dijo que el 15 de abril, en la
parroquia Antonio Romero, un grupo de personas que celebraba el triunfo del
presidente Nicolás Maduro, fue embestido por un camión tipo 350, acción que
calificó como cargada de odio debido a que el conductor retrocedió y volvió a
arremeter contra esos ciudadanos.
Producto
de ese hecho murió un niño de 11 años y este martes 23 de abril falleció una
adolescente de 12 años. También resultaron heridas otras 10 personas.
Ortega
Díaz manifestó que por este caso, el Ministerio Público retuvo el camión y hay
una orden de aprehensión contra la persona presuntamente responsable.
Los
fiscales del Zulia también investigan la muerte de Johan Hernández,
perteneciente a la etnia Wayú, quien fue arrollado por un vehículo con
características que hacían presumir que pertenecía a alguien afecto a la
oposición. Ese hecho se registró en el barrio La Música, mientras algunas
personas celebraban el resultado de la elección presidencial.
En
la ciudad de Maracaibo, específicamente en las adyacencias del CNE, murió Luis
Eduardo García Polanco, en el momento
que personas presuntamente afectas a la oposición asediaban la sede del ente
comicial.
Otros fallecidos
Igualmente,
la Fiscal General
hizo mención al caso de Hender Bastardo, cuya muerte se produjo en el sector
conocido como Las Moritas de Cumanacoa, en el estado Sucre, donde la oposición
comenzó a lanzarle objetos a varias personas que pasaban por el lugar a bordo
de motocicletas, lo cual conllevó a que uno de los tripulantes cayera del
vehículo y fuera golpeado.
Ante
la situación, se presentó al sitio otro grupo de motorizados simpatizantes del
gobierno, entre los que se encontraba Bastardo, quien recibió un disparo.
La
máxima representante del Ministerio Público señaló que por este caso hay dos
personas privadas de libertad, ellas son José Carlos Hernández y Rodrigo José
Hernández, quienes fueron imputados por la presunta comisión de los
delitos de homicidio intencional y
lesiones.
Por
otro lado, Ortega Díaz indicó que en el estado Táchira se registraron dos
personas fallecidas. La primera de ellas es Henry Rangel La Rosa, a quien le dispararon
mientras celebrara el triunfo del Presidente electo.
Por
la muerte de Rangel La Rosa
están privadas de libertad tres personas: Jesús Galviz, quien fue imputado por
el delito de homicidio calificado; Joel Contreras y José Omar León, a quienes
se les imputó como presuntos facilitadores en el delito antes mencionado.
La
otra persona fallecida en ese estado es el oficial de la Policía Nacional
Bolivariana, Keler Guevara, quien murió mientras se encontraba en servicio.
Asimismo,
hizo mención a las personas lesionadas en Tovar, estado Mérida, donde un grupo
opositor obstaculizó el libre tránsito, incendió cauchos y arremetió contra una
comisión policial a la que dispararon, le lanzaron objetos contundentes y
bombas molotov, lo cual dejó como resultado nueve lesionados, siete de ellos,
funcionarios policiales.
“Hay
un efectivo policial que perdió un dedo producto de un disparo. También tenemos
entre las víctimas a una funcionaria policial a quien le dispararon en el
abdomen y otro funcionario que está herido en una pierna”, explicó.
Ortega
Díaz dijo que por estos hechos se encuentra privado de libertad Jorge Salem
Torrealba, a quien se le imputaron los delitos de homicidio frustrado, porte
ilícito de arma de fuego, intimidación pública, lesiones y asociación (previsto
en la Ley Contra
la
Delincuencia Organizada). “Y existen otras tres órdenes de
aprehensión”.
Entre
los actos violentos ocurridos en el país, nombró el acaecido en el sector La Palmita de Corrales del
estado Barinas, donde aprehendieron a 11 personas que se encontraban en una
camioneta con morteros de fabricación casera, un tubo “modificado” para
disparar dichos explosivos, piedras y
demás objetos contundentes cortantes y punzo penetrantes, además, de
combustible.
Apuntó
que de los 78 lesionados, 67 tienen lesiones leves, nueve con lesiones graves y
dos con lesiones gravísimas.
Asedios
En la rueda de prensa, la Fiscal General
mencionó que en la avenida Morán de Barquisimeto, un grupo de afectos a la
oposición lanzó objetos incendiarios contra la sede de la Cantv, por lo que causaron
destrozos y daños a esas instalaciones.
En
ese hecho fueron aprehendidas siete personas, de las cuales dos son
adolescentes, a quienes se les dio el mismo día medidas cautelares sustitutivas
de libertad, mientras que los adultos salieron con libertad bajo fianza.
En
la misma jurisdicción, varias personas atacaron las sedes del Destacamento 47
de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) y del CNE.
A
los funcionarios militares, que resguardaban dichas instalaciones les lanzaron
objetos contundentes y fuegos pirotécnicos modificados con clavos, para que al estallar,
el metal se incrustara en los efectivos
castrenses. “Allí fueron aprehendidas 19 personas”, acotó.
El
Ministerio Público también investiga el caso del autobús en la autopista Lomas
del Este, en el estado Carabobo, en cuyo interior se encontraban 19 personas
con cauchos de diferentes dimensiones, envases con gasolina, distintos objetos
cortantes y punzo penetrantes.
La Fiscal General, con
documento en mano, habló sobre los distintos CDI asediados y dañados. “Uno de
ellos está ubicado en el estado Carabobo, donde los médicos, enfermeras y
pacientes fueron secuestrados por más de tres horas”.
Detalló
que en el Zulia, los CDI afectados son: el de
La Pastora;
Lago Azul; La Fortaleza;
Los Mangos; Chamarreta; Gallo Verde; Gaiteros; Cecilio Acosta; El Amparo; 18 de
Octubre; Valle Frío; Villa Baralt; sector Danto, en Lagunillas y el consultorio
Barrio Adentro, canal Zeta.
En
Carabobo fueron objeto de asedios los centros asistenciales: César “Pipo”
Arteaga; Arichuna en el municipio Libertador; Alfredo Borjas en Santa Inés y
Las Margaritas en el sector Cuatricentenario.
“En el
estado Barinas, los CDI del sector La
Villa y Mi Jardín; Barrio Adentro, en Primero de Diciembre.
En Miranda, fueron asediados los del sector La Estrella, La
Vaquera y Alto de Soapire”, destacó.
Las denuncias
La Fiscal General indicó
que a todas las personas aprehendidas se les imputaron delitos ordinarios; es
decir, los consagrados en la legislación como delitos comunes.
Asimismo,
destacó que a todas las personas que fueron privadas de libertad y a las que se
les otorgaron medidas sustitutivas de libertad, se les ha tratado con el debido
respeto que establece la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
“A
todos se les ha realizado el correspondiente reconocimiento médico legal y nuestros fiscales de derechos fundamentales
están desplegados en los estados donde se produjeron estos hechos violentos,
para asegurar la integridad física de las personas que fueron privadas de
libertad, porque esa es una de las premisas del Ministerio Público”, agregó.
Sin
embargo, ante el Ministerio Público han denunciado supuestas violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante los días 15 y 16 de abril, cuyas víctimas
acudieron a las sedes de la institución ocho días luego de ocurridos los hechos
denunciados.
“Estas
denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática”, advirtió.
Le
llamó la atención cómo un grupo de
organizaciones defensoras de los derechos humanos, persiguen desviar la
atención sobre los hechos que han impactado a la colectividad.
Consideró
que estas organizaciones que quieren borrar y distraer la gravedad de lo
ocurrido, nada dijeron de las personas que perdieron la vida durante los días
posteriores a la elección presidencial, como tampoco fustigaron a los que
cometieron ni a quienes incitaron a materializar los hechos.
“Nada
han dicho sobre el derecho a la vida de los dos niños que murieron en el estado
Zulia, cuyo único delito fue celebrar el triunfo de un candidato. Nada han
dicho sobre el derecho a la integridad física de las personas lesionadas, sobre
el derecho a la salud de los pobres que les destrozaron los centros de salud”, aseveró
Ortega Díaz.
Explicó
que al contrastar las denuncias que presentan las personas en los medios de
comunicación con la versión que ofrecen ante los fiscales del Ministerio
Público, carecen de argumentos y seriedad.
Respecto
a esta situación colocó el ejemplo de una persona que narró que el día 15 de
abril, a las 5:00 de la tarde, una tanqueta de la GNB le disparó “sin piedad y a
quema ropa. Gracias a que cargaba un chaleco, no me mataron”, dijo el hombre en
su versión.
En
esa oportunidad el fiscal del caso le preguntó si había acudido a un centro
asistencial y la supuesta víctima le dijo que sí, pero que no tenía constancia
de ello. “Esto pierde seriedad”, finalizó la Fiscal General.
Tras
preguntársele si se estaba investigando las denuncias sobre presuntas
violaciones de derechos humanos en Lara, Ortega Díaz dijo que estaba comisionada
la fiscal 9° de ese estado, Nohelia Hernández.
