El Ministerio Público acusó a David Alfonso Flores (21), sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tras el homicidio de las indígenas Warao Belkis Mendoza (23 años y en estado de gravidez) y su hermana de 6 años de edad, ocurrido el pasado 29 de abril en Tucupita, capital del estado Delta Amacuro.
El deceso de ambas se suscitó cuando se disponían junto a otros indígenas a buscar agua dulce en el caño de la comunidad Mariusa.
Para arribar al mencionado lugar, solicitaron que les facilitaran el traslado en una embarcación tripulada por dos hombres de nacionalidad trinitaria.
De acuerdo con la investigación penal, en la travesía por el delta del río Orinoco, fueron abordados por un buque de la Guardia Costera de la GNB. Mientras los militares dieron la voz de alto a la embarcación trinitaria, los tripulantes intentaron impactar el buque.
Previamente, otro aborigen había alertado a los funcionarios de la GNB acerca de que sujetos de una embarcación trinitaria, tipo peñero, habrían incurrido en actos de contrabando, por lo cual se trasladaron hasta el sitio y divisaron la embarcación que respondía a esas mismas características y donde se encontraban un total de 15 indígenas.
Durante el procedimiento, Flores lanzó un disparo al aire y luego, al ver que el peñero iba hacia ellos, volvió a hacerlo hacia el motor para neutralizarlos, pero quien manejaba la embarcación de la GNB perdió el control de la misma. Este inconveniente ocasionó que al implicado se le accionara el arma tipo ráfaga, por lo cual fue herido en la pierna un indígena de la etnia Warao, así como las hermanas Mendoza, quienes fallecieron.
En la audiencia de presentación, las fiscalías 85° nacional y 7ª de Delta Amacuro acusaron al sargento de la GNB por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles; uso indebido de arma orgánica, trato cruel, inhumano y degradante, todos con agravantes fundamentados en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el escrito presentado ante el Tribunal 3° de Control, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del militar y que se le mantenga la medida privativa de libertad en la sede de la Guardia Fluvial, en Tucupita.
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