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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó hoy la militarización de Cúcuta con carácter inmediato, en medio de la escalada de violencia que sacude a esa urbe fronteriza con Venezuela.
Según explicó en una alocución el mandatario, la medida será temporal mientras se estabiliza el orden público en la capital del departamento de Norte de Santander.
“El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras criminales y terroristas que vienen atentando contra la seguridad”, afirmó.
También anunció que, a partir del próximo martes, entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) en Cúcuta.
Señaló que esas capacidades permitirán “intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población”.
De la Espriella comunicó que pidió “operaciones sostenidas con resultados contundentes” y que hará seguimiento personal al cumplimiento de esas órdenes.
“Vamos a estar en Cúcuta la próxima semana. He exigido coordinación absoluta entre nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional con resultados concretos y verificables dentro del marco de la Constitución y la ley”, planteó.
Sentenció que no habrá escondite ni territorio en el que puedan actuar con impunidad quienes actúan al margen de la ley.
Al menos seis personas, cuatro de ellas agentes del orden, resultaron heridas el pasado martes tras un ataque con explosivos perpetrado en la capital del departamento de Norte de Santander.
El ataque ocurrió pocas horas después del asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General realizar una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen, así como identificar y judicializar a sus responsables.
Señaló la entidad que el asesinato genera especial preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan las comunidades en Cúcuta y Norte de Santander, una región donde la persistencia de distintas formas de violencia exige una respuesta articulada y sostenida de las autoridades, según enfatizó.
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