Caracas, 11 Oct..- La
Comisión de la Asamblea Nacional (AN) que evalúa la conducta del
diputado Julio Borges y la diputada Nora Bracho decidió suspender el
derecho de palabra a ambos voceros de la bancada de oposición por el
comportamiento irrespetuoso que mostraron durante la sesión especial del
miércoles 9 de octubre, cuando el presidente de la República, Nicolás
Maduro, ofrecía su discurso para solicitar la Ley Habilitante.
Así lo informó este viernes el diputado del Partido Socialista Unido
de Venezuela (Psuv), Elvis Amoroso, quien detalló, mediante una nota de
prensa, que en el caso de de Borges serán por 20 días, mientras que de
Bracho será por una sesión.
Además Amoroso informó que solicitará
a la junta directiva del Poder Legislativo que se le sea solicitado a
Borges un examen médico psiquiátrico y psicológico.
En reiteradas ocasiones el diputado
Borges, del partido de Primero Justicia (PJ), ha interrumpido, incluso
con violencia, a los oradores de orden durante las sesiones en el
Palacio Federal Legislativo. El pasado miércoles de nuevo infringió la
normativa interna del Parlamento cuando intentó, junto a otros parlamentarios
de derecha, interrumpir la intervención del presidente de la República,
Nicolás Maduro, el pasado miércoles en la tribuna de oradores de la AN,
donde el jefe de Estado hizo mención a los casos de corrupción
vinculados a miembros de PJ.
El diputado del Psuv, Elvis Amoroso, dijo que tanto Borges, como Nora
Bracho, ambos del bloque de la derecha parlamentaria, violaron todo el
artículo 75 del Reglamento Interior y Debates de la AN.
"Es notorio el saboteo por parte del legislador Julio Borges y la
parlamentaria Nora Bracho", dijo Amoroso en declaraciones publicadas en
la cuenta en twitter del Parlamento.
El artículo 75 de la referida normativa considera infracciones de las
reglas del debate: Tomar la palabra sin que la Presidencia la haya
concedido; tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en
discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate;
interrumpir al orador de turno; proferir alusiones ofensivas; y distraer
reiteradamente la atención de otros diputados.
El presidente de la AN, Diosdado Cabello, había anunciado el pasado
miércoles que se iba a sancionar a los diputados que hayan infringido el
reglamento de interior y debates del Parlamento, concerniente a la
violación del artículo 75.
La derecha en el parlamento venezolano perdió los estribos y estalló
en ira el pasado miércoles cuando la bancada socialista anunció que
serán presentadas nuevas pruebas contra el partido Primero Justicia. "No
podemos seguir aguantando la impertinencia a malcriados que no
entienden que este es un lugar que se respeta", dijo Cabello.
"Iremos con las pruebas en las manos a la Asamblea Nacional, como lo
hicimos con el caso de Richard Mardo, a demostrar sus actos corruptos
(...) Primero Justicia hizo algo que era imposible, ser un partido más
corrupto que Acción Democrática", expresó Cabello en un programa
transmitido por el canal Venezolana de Televisión.
El pasado 5 de febrero, se presentaron en la AN pruebas en las que se
demuestra cómo Richard Mardo, excandidato a la gobernación de Aragua y
dirigente de PJ, recibió cheques por hasta 600 mil bolívares, en una
acusación que no fue rebatida por el también diputado durante su derecho
de palabra en la sesión ordinaria del Parlamento. En julio pasado, le
fue allanada su inmunidad parlamentaria.
En septiembre del año pasado, el diputado revolucionario Julio Chávez
presentó un vídeo en el que se observa a Juan Carlos Caldera de Primero
Justicia recibiendo una alta suma de dinero por parte de otra figura
masculina, al parecer para financiar la campaña presidencial del
excandidato Henrique Capriles Radonski para las elecciones del 7 de
octubre 2012.
Primero Justicia, el partido donde
milita Borges, Mardo, Caldera y además Henrique Capriles Radonski, fue
fue fundada en 1992 por un grupo de estudiantes de la Universidad
Católica Andrés Bello, vinculados al partido puntofijista Copei.
Dicha "asociación" recibió una donación de Bs. 70.070.000,00 por
parte de la División Servicios de PDVSA, Petróleo y Gas S.A, en la que
Antonieta Mendoza de López, Gerente de Asuntos Públicos y madre de
Leopoldo López, trabajaba.
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