Con un "Día del Perdón” recordó Colombia el pasado domingo (13.09.2020) a las víctimas de los disturbios durante las protestas contra los abusos policiales en Bogotá. En las protestas murieron al menos 13 personas por disparos en tiroteos, y más de 400 resultaron heridas.
En la manifestación principal, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió perdón y llamó a la reconciliación. "Estamos aquí para pedirles perdón a todas las víctimas de abuso policial (...) para reconocer la gravedad de los hechos", dijo López en la plaza de Bolívar durante una ceremonia transmitida por televisión.
El detonante de los disturbios fue la muerte de Javier Ordóñez, un ingeniero aeronáutico de 43 años que estaba por recibirse de abogado. Durante su detención, varios policías lo redujeron tirándolo al suelo y lo agredieron al menos cinco veces con una pistola táser. En un video que se viralizó, se ve a Ordóñez pidiendo "por favor, por favor”, mientras todavía recibía las descargas eléctricas.
Electroshocks y torturas
Javier Ordóñez, padre de dos hijos de 11 y 15 años, murió más tarde en un hospital, pero no por las consecuencias de las descargas eléctricas de la táser, sino debido a los golpes y heridas que le propinó la Policía cuando ya estaba detenido en la unidad policial Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa Luz. El motivo de su detención fue que habría contravenido las medidas contra el coronavirus.
Las circunstancias de su muerte recuerdan a los abusos policiales contra el afroestadounidense George Floyd, cuya muerte, a finales de mayo, desató una ola de protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.
Pero el trasfondo de la brutalidad de los agentes de la Policía contra los manifestantes en Colombia es diferente. El problema fundamental es, según Peter Birle, analista político del Instituto Iberoamericano de la Universidad Libre de Berlín, la militarización de la Policía. "En Colombia no hay una separación verdadera entre la Policía y el Ejército”, explica Birle en entrevista con DW. En Colombia, la Policía está bajo las órdenes del Ministerio de Defensa, y no, como en Alemania, por ejemplo, bajo las del Ministerio del Interior, añade.
En noviembre de 2019 ya habían salido cientos de miles de colombianos a la calle para protestar justamente contra esa militarización. Los manifestantes exigían la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Ese polémico cuerpo policial, cuya misión es controlar la situación durante las manifestaciones, es conocido por su brutalidad.
El Acuerdo de Paz no trajo la paz
Las protestas de noviembre se diluyeron, pero la tensión continuó en el país, y la ira de la juventud contra la represión estatal y la falta de políticas sociales fue creciendo. "La Policía de Colombia no cuenta con estrategias para desescalar la violencia”, dice Birle. Eso se debe también al desarrollo político en el país desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, señala.
"El conflicto no terminó en absoluto con el acuerdo de paz. Los comportamientos y procedimientos que se llevaron a cabo durante tanto tiempo no desaparecieron de la noche a la mañana”, subraya el politólogo. Además, hasta hoy hay elementos del acuerdo de paz, como la reorganización y reducción de las Fuerzas Armadas, que no se han puesto en práctica. El país continúa aferrándose a las estructuras estatales de la época de la guerra civil, casi como si nunca hubiera existido un acuerdo de paz, indica Birle. "Duque no está dispuesto a llevar a la práctica ese acuerdo, con todas las obligaciones que tiene para el Estado y de manera consecuente”, explica. Entre otros temas, la distribución de tierras y el apoyo a los pequeños campesinos fueron negociados entonces, y hasta el momento, eso no se ha llevado a cabo o apenas se pone en práctica.
El coronavirus dificulta la situación en Colombia
Al estancamiento político se suma el agravante de los efectos de la pandemia y el aumento de la desigualdad social en el país. El aumento de la violencia debilita la confianza en las instituciones del Estado. "El descontento de las clases sociales más bajas es enorme”, resalta Birle.
En varias regiones de Colombia las organizaciones criminales y los cárteles del narcotráfico han tomado zonas de influencia que surgieron luego del desarme de los rebeldes de las FARC, tras el acuerdo de paz. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, desde comienzos de 2020 hubo 33 masacres en el país. Como "masacre” define la ONU el asesinato de al menos tres personas en el mismo lugar a manos del mismo grupo.
"En Colombia está pasando ahora lo que muchos observadores advirtieron ya durante la firma del acuerdo de paz: que no es suficiente con firmar un papel. El Estado tiene la urgente tarea de llenar los vacíos de poder que surgen como consecuencia del acuerdo. Y no solo con fuerzas militares o con el aparato de seguridad, sino también con servicios y bienes públicos para la comunidad”, afirma el analista. En las regiones más alejadas del campo colombiano, eso se implementó solo de manera rudimentaria.
Durante la ceremonia de homenaje a las víctimas, el domingo en Bogotá, también habló en público Bryan Baquero Rojas, cuya hermana, Angie, de 29 años, murió de un tiro en el abdomen en la noche del 9 de septiembre, durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. "No queremos que más familias pasen por esto, esto es muy duro, muy difícil, porque hemos perdido a una persona que ya no vamos a poder ver más, que nos deja un gran vacío en nuestro corazón (...) Pedimos que se calme tanta violencia que existe en el país y en la ciudad", expresó Baquero en el acto. Un deseo que, de seguro, no se cumplirá tan rápidamente.
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