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miércoles, 28 de abril de 2021

Los colombianos regresan a las calles en un nuevo paro nacional: "Contra el paquetazo de Duque y la reforma tributaria"

 

La jornada de protesta se realiza en medio del pico más alto de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno del presidente colombiano Iván Duque enfrenta este miércoles una huelga nacional que será acompañada por protestas, que se prevé serán masivas en las principales ciudades del país, en repudio a una polémica reforma fiscal.

"Por la vida, paz, democracia, contra el paquetazo de Duque y la reforma tributaria", rezan las pancartas que convocan al paro en el que, además de los gremios, participarán organizaciones indígenas, campesinas y sociales.



En mensajes en redes sociales se han sumado reclamos que van desde el aumento de la pobreza hasta el asesinato de defensores de derechos humanos, las masacres récord, el uso de glifosatos y los altos niveles de gasto militar que mantuvo el Gobierno en lugar de usar esos recursos para combatir el Covid.

Las marchas ya comenzaron el día previo en diversos puntos del país. 

Las movilizaciones fueron confirmadas por las centrales obreras a pesar de que las autoridades pidieron postergarlas, ya que Colombia enfrenta el peor momento de la emergencia sanitaria y desde la semana pasada registra más de 400 muertes diarias por coronavirus, además de que las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al borde del colapso.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, había solicitado aplazar el paro durante algunas semanas con base en el llamado a la solidaridad realizado por el Comité asesor para la respuesta a la pandemia, el cual alertó sobre los riesgos que las marchas representan en este momento crítico para la salud pública.

"Es claro que las aglomeraciones podrían incrementar el contagio, especialmente con la evidencia actual de linajes más contagiosos circulando en el país, que llevarían a un incremento rápido en la ocupación UCI y en la mortalidad específica", advirtió el funcionario en un comunicado en el que reconoció el derecho de la ciudadanía a reunirse y manifestarse, pero en el que pidió postergar el paro nacional durante unas semanas hasta que baje la velocidad de transmisión del virus.

Mantienen la protesta

En respuesta, el Comité Nacional del Paro, integrado por los dirigentes de las principales centrales obreras del país, confirmó la urgencia de movilizarse y se comprometió a respetar todos los protocolos sanitarias en las calles.

Luego vino el fallo de Nelly Yolanda Villamizar, una jueza local del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ayer ordenó la suspensión de las marchas por considerar que vulneran el derecho a la salud de la ciudadanía en medio de la pandemia y conminó a los sindicatos a manifestarse de manera virtual.

Los gremios rechazaron su posición al considerar que están ejerciendo el derecho fundamental a protestar, "el cual no está sometido a permiso ni a autorización previa, y que no se puede suspender ni siquiera en los estados de excepción". Por lo tanto, mantuvieron firme la convocatoria al paro y a las protestas en las calles, lo que desató ahora una discusión sobre si los manifestantes estarán en desacato y, por lo tanto, pueden ser penalizados.

Con el fin de prevenir la expansión de contagio, los organizadores de la huelga nacional dieron a conocer las medidas de prevención que llevarán a cabo este miércoles.

En principio, advirtieron que nadie que tenga algún grado de riesgo por edad o enfermedades previas podrá participar en las marchas; los manifestantes deberán cumplir con una distancia de por lo menos dos metros entre sí, llevar alcohol en gel, lavarse las manos cada vez que sea posible y usar barbijos, no saludarse de mano ni de abrazo ni permanecer más tiempo del estipulado en las concentraciones.

Además, habrá personal especialmente designado para supervisar el cumplimiento del protocolo que estará identificado con brazaletes, que tomará la temperatura a los participantes y que los retirará si no llevan tapabocas.

Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recordó que la jornada incluirá otras formas de protesta, desde el activismo en redes sociales, hasta trapos rojos en las ventanas que simbolizan el hambre que padece gran parte de la sociedad colombiana y cacerolazos nocturnos.



La reforma tributaria

Aunque por ahora el paro solo está previsto por 24 horas, los dirigentes sindicales evaluarán si lo alargan por dos o tres días, como reclaman algunos sectores.

El conflicto social estalló luego de que Duque propusiera al Congreso una reforma tributaria bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible y que, entre otras reformas, aumenta el IVA en productos y servicios y amplía el padrón de contribuyentes, y con la que espera recaudar 6.800 millones de dólares que, asegura, destinará a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia.

Los sindicatos advierten que, con los cambios, por lo menos tres millones de trabajadores deberán hacer una declaración de renta de la que actualmente, debido a sus ingresos, están exentos. Además, la mitad de ellos tendrán que pagar impuestos.

La iniciativa oficial impone el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario, elimina la exención de IVA en alimentos básicos y reduce el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos.

En Colombia, el salario mínimo es de alrededor de 250 dólares mensuales. Si se aprueba la reforma, quienes ganen 663 dólares estarán obligados a declarar impuestos sobre la renta en 2022, pero al año siguiente el padrón tributario crecerá porque la norma se aplicará a todos los que reciban 470 dólares.

Por otra parte, establece un impuesto a la riqueza que permitiría que quienes tengan un patrimonio de 1,3 millones de dólares paguen el 1,0 % de impuestos sobre ese momento de manera extraordinaria en 2022 y 2023. Quienes perciban cuatro millones de dólares o más, pagarán el 2,0 %.

También prevé que quienes ganen alrededor de 2.700 dólares mensuales cubran un impuesto extra por única vez, además del impuesto a la renta que ya cubren.

De manera general, la iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda afirma que con estas medidas la pobreza extrema bajará en 5,8 puntos porcentuales, lo que es rebatido por las centrales de trabajadores que advierten que las condiciones de vida empeorarán.



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