Estados Unidos lo ha vuelto a hacer: invade un país, lo bombardea, se lleva secuestrado a su presidente basándose en acusaciones tan falsas que no resisten ni las primeras horas de un juicio entablado según sus propias reglas y claramente espurio, extraterritorial y violatorio del derecho internacional.
Así como invadió Irak con el argumento de que Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva que pensaba usar contra “el mundo libre”, ahora mancilló el territorio venezolano y secuestró al presidente Nicolás Maduro con el subterfugio de que es el jefe de una peligrosa organización del narcotráfico, pero lo primero que ha hecho el impulsor original de esa infamia, el Departamento de Justicia, es tragarse una larga ristra de sus propias palabras y retirar el cargo del ficticio Cártel de los Soles, dejando aún más al desnudo a un proceso tribunalicio arbitrario y colonialista. Ni siquiera en su propia obra de teatro han podido hacer calzar una mentira tan flagrante.
En el caso de Irak, el entonces secretario de Estado, Collin Powell, blandió un frasquito en pleno Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para asegurar que Hussein disponía de armas químicas y biológicas. Con ese gesto histriónico, obtuvo la autorización para bombardear de manera inmisericorde al país asiático. En lo que toca al Cártel de los Soles, no hubo indicio alguno. Retiran el cargo porque no tienen ni siquiera un frasco o un alijo de droga decomisada para hacer un show mediático.
Luego de difamar de manera continuada al presidente Maduro durante varios años, calificándolo como un eslabón fundamental del tráfico de estupefacientes hacia EEUU, el gobierno de Donald Trump se sintió autorizado a lanzar una brutal agresión militar contra Venezuela, asesinar a decenas de personas, causar grandes destrozos y llevarse por la fuerza al mandatario para someterlo a un juicio que, de suyo, es ilegal e ilegítimo.
Llegando al extremo de la desfachatez, en las primeras incidencias de ese proceso, en Nueva York, el gobierno de Trump, a través de su Departamento de Justicia, se retracta del cargo y apenas si balbucea algunos alegatos acerca de un supuesto sistema de corrupción y clientelismo, relacionado con las drogas, una acusación aún más difusa y ridícula.
La iniciativa que dio origen a esta tramoya judicial, hace ya varios años, durante el primer gobierno de Trump, salió justamente del Departamento de Justicia, el mismo órgano del Poder Ejecutivo estadounidense que ahora recoge su denuncia porque la sabe insostenible, carente de la más elemental prueba. Pero, tal como ocurrió en Irak, ya el mal está hecho.
Por fortuna, los daños causados hasta ahora por la acción criminal de Trump contra Venezuela son mucho menores que los infligidos a Irak, país que fue destruido casi por completo y en el que EEUU dejó más de un millón de muertos. Pero los riesgos no han sido conjurados y menos aun cuando tanto Trump como sus lugartenientes siguen amenazando al país con agresiones aún peores.
Queda en evidencia, una vez más, que los afanes de las élites políticas mejor dicho, mafias estadounidenses no tienen nada que ver con el control del narcotráfico ni con temas como derechos humanos o democracia. Solo emplean estos aspectos como excusa para asaltar países, implantar gobiernos que cumplan sus designios y apoderarse de riquezas naturales y zonas de influencia geopolítica.
El retiro del principal cargo forjado contra el presidente Maduro debería significar una pronta decisión en favor de su libertad, pero es necesario recalcar que no se trata de un verdadero encauzamiento judicial, sino de un juicio político fraudulento, mediante el cual se pretende sancionar a un jefe de Estado en ejercicio, aplicándole una legislación interna de EEUU.
Fuente: LaIguana.TV
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