La Asamblea Nacional recibió proyecto que no limita el número de presos por liberar.
Muchas son las propuestas que han recibido en la Asamblea Nacional antes y después de tomar posesión. Entre ellas
destaca un proyecto de decreto de amnistía, presentado el lunes 11, que
propone el perdón y la liberación de los denominados “presos políticos” y que no limita el número de los beneficiados.
Los proponentes, aunque no han logrado acuerdos finales, plantean incluir a todos los autoexiliados o encarcelados con un “amplio” criterio, aún sin definir.
No es la primera vez que una situación similar acontece en nuestra historia republicana, en la IV República los dirigentes jamás otorgaron la gracia del perdón.
La primera página de Últimas Noticias del 3 de enero de 1963 reseñó la alocución de año nuevo del presidente Rómulo Betancourt donde dijo: “No habrá amnistía”. En el pronunciamiento dejó clara la poca disposición a otorgarle el “perdón” a quienes participaron en los intentos sediciosos de El Carupanazo y posteriormente El Porteñazo.
“Es perfectamente lógica, y de ella me responsabilizo, y de ella no me arrepentiré nunca, la posición del gobierno que presido frente a los autores e inductores, militares y civiles, de los aludidos brotes facciosos...”, expresó Betancourt.
Más adelante señala: “Surgen ya voces pidiendo amnistía para ellos. Mientras yo sea Presidente de la República no será sobreseída su causa, como no ha sido sobreseída la causa de los insurgentes del 7 de septiembre de 1958 y del 20 de abril de 1960”.
Las protestas en el Congreso de la República no se hicieron esperar y, como medida de control ante la rebelión parlamentaria, Betancourt ordenó cárcel para los diputados miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Sin allanarles la inmunidad y actuando al margen de la Constitución de 1961 que él mismo había promulgado”, detalló el historiador Lionel Muñoz.
“Durante el gobierno de Betancourt hubo muchos presos. No amnistió a nadie. Y aun así fue considerado el padre de la democracia. En medio de sus discursos afirmaba que todos los enemigos de su gobierno iban presos y permanecerían en esa situación incluyendo los estudiantes y los profesores de las universidades, quienes pasaron a ser procesados militarmente”, afirmó Muñoz.
Esta situación se mantuvo hasta el fin del gobierno de Betancourt y se radicalizó con la llegada al poder del presidente Raúl Leoni (1964-1969) cuando, por primera vez, en la historia de Venezuela, se habló de desaparecidos políticos, figura que hasta ese momento no existía en América Latina.
Una tregua a medias
Los proponentes, aunque no han logrado acuerdos finales, plantean incluir a todos los autoexiliados o encarcelados con un “amplio” criterio, aún sin definir.
No es la primera vez que una situación similar acontece en nuestra historia republicana, en la IV República los dirigentes jamás otorgaron la gracia del perdón.
La primera página de Últimas Noticias del 3 de enero de 1963 reseñó la alocución de año nuevo del presidente Rómulo Betancourt donde dijo: “No habrá amnistía”. En el pronunciamiento dejó clara la poca disposición a otorgarle el “perdón” a quienes participaron en los intentos sediciosos de El Carupanazo y posteriormente El Porteñazo.
“Es perfectamente lógica, y de ella me responsabilizo, y de ella no me arrepentiré nunca, la posición del gobierno que presido frente a los autores e inductores, militares y civiles, de los aludidos brotes facciosos...”, expresó Betancourt.
Más adelante señala: “Surgen ya voces pidiendo amnistía para ellos. Mientras yo sea Presidente de la República no será sobreseída su causa, como no ha sido sobreseída la causa de los insurgentes del 7 de septiembre de 1958 y del 20 de abril de 1960”.
Las protestas en el Congreso de la República no se hicieron esperar y, como medida de control ante la rebelión parlamentaria, Betancourt ordenó cárcel para los diputados miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Sin allanarles la inmunidad y actuando al margen de la Constitución de 1961 que él mismo había promulgado”, detalló el historiador Lionel Muñoz.
“Durante el gobierno de Betancourt hubo muchos presos. No amnistió a nadie. Y aun así fue considerado el padre de la democracia. En medio de sus discursos afirmaba que todos los enemigos de su gobierno iban presos y permanecerían en esa situación incluyendo los estudiantes y los profesores de las universidades, quienes pasaron a ser procesados militarmente”, afirmó Muñoz.
Esta situación se mantuvo hasta el fin del gobierno de Betancourt y se radicalizó con la llegada al poder del presidente Raúl Leoni (1964-1969) cuando, por primera vez, en la historia de Venezuela, se habló de desaparecidos políticos, figura que hasta ese momento no existía en América Latina.
Una tregua a medias
En 1969, en el primer gobierno de Rafael Caldera, se realizaron los primeros intentos sosegados para finalizar la guerra de guerrillas, iniciada en la década de los 60.
El investigador del Centro Nacional de Historia Aldemaro Barrios relató que la pacificación significó una “tregua entre el Gobierno y la alta dirigencia de los partidos de izquierda: PCV y MIR. Sin embargo, se marcó una gran distinción entre la alta dirigencia y los militantes de base, quienes continuaban siendo víctimas de detenciones arbitrarias e incluso acciones calificadas como delitos de lesa humanidad, entre las cuales figuran el asesinato, las torturas y la desaparición forzada”, señaló.
En 1989 comienza el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (CAP). También se inauguran los indultos presidenciales. Pero solo a los incursos en delitos comunes, no a quien tuviera algún viso de “comunista”.
CAP pasó a la historia por muchas razones pero, en el caso que nos atañe, porque otorgó un indulto vía Decreto Presidencial, aunque nunca publicado en Gaceta Oficial, “a Alberto Jaimes Berti, quien se encontraba preso en Italia por falso testimonio en la investigación por la muerte del ex presidente del banco Ambrosiano (...). También pesaban sobre él autos de detención por estafa contra la Iglesia por más de 300 millones de bolívares”, detalló ÚN el 23 de octubre de 1993.
CAP es destituido y lo sustituye como presidente provisional el doctor Ramón J. Velásquez, cuyo gobierno fue opacado tras la firma, por “error”, del indulto al traficante Larry Tovar Acuña, el 21 de octubre de 1993, bajo decreto 3-215, que fue derogado días después.
Rafael Caldera repite en la Presidencia (1994-1999) y se encuentra con un país enardecido por las políticas neoliberales aplicadas por Pérez. Le preceden la rebelión del Caracazo del 89 y dos intentos de golpe en el 92. En un afán de pacificar la ebullición indulta al comandante Hugo Chávez, 26 de marzo de 1994, no sin antes darle de baja del ejército.
Sin revancha
El investigador del Centro Nacional de Historia Aldemaro Barrios relató que la pacificación significó una “tregua entre el Gobierno y la alta dirigencia de los partidos de izquierda: PCV y MIR. Sin embargo, se marcó una gran distinción entre la alta dirigencia y los militantes de base, quienes continuaban siendo víctimas de detenciones arbitrarias e incluso acciones calificadas como delitos de lesa humanidad, entre las cuales figuran el asesinato, las torturas y la desaparición forzada”, señaló.
En 1989 comienza el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (CAP). También se inauguran los indultos presidenciales. Pero solo a los incursos en delitos comunes, no a quien tuviera algún viso de “comunista”.
CAP pasó a la historia por muchas razones pero, en el caso que nos atañe, porque otorgó un indulto vía Decreto Presidencial, aunque nunca publicado en Gaceta Oficial, “a Alberto Jaimes Berti, quien se encontraba preso en Italia por falso testimonio en la investigación por la muerte del ex presidente del banco Ambrosiano (...). También pesaban sobre él autos de detención por estafa contra la Iglesia por más de 300 millones de bolívares”, detalló ÚN el 23 de octubre de 1993.
CAP es destituido y lo sustituye como presidente provisional el doctor Ramón J. Velásquez, cuyo gobierno fue opacado tras la firma, por “error”, del indulto al traficante Larry Tovar Acuña, el 21 de octubre de 1993, bajo decreto 3-215, que fue derogado días después.
Rafael Caldera repite en la Presidencia (1994-1999) y se encuentra con un país enardecido por las políticas neoliberales aplicadas por Pérez. Le preceden la rebelión del Caracazo del 89 y dos intentos de golpe en el 92. En un afán de pacificar la ebullición indulta al comandante Hugo Chávez, 26 de marzo de 1994, no sin antes darle de baja del ejército.
Sin revancha
En 1998, Hugo Chávez Frías arribó al poder (1999-2013). “Lejos de buscar la revancha emprende la reestructuración del Estado y realiza una Asamblea Nacional Constituyente”, afirma Barrios.
En abril de 2002 fuerzas opositoras a su mandato dan un golpe de Estado y asume el poder Pedro Carmona, quien dura solo 48 horas en el poder. En diciembre del mismo año intentan de nuevo derrocar al gobierno con un paro petrolero que nadie levantó. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2007 Chávez otorga una amplia amnistía a los participantes en estos y otros eventos colaterales y que configuran el delito de rebelión.
En abril de 2002 fuerzas opositoras a su mandato dan un golpe de Estado y asume el poder Pedro Carmona, quien dura solo 48 horas en el poder. En diciembre del mismo año intentan de nuevo derrocar al gobierno con un paro petrolero que nadie levantó. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2007 Chávez otorga una amplia amnistía a los participantes en estos y otros eventos colaterales y que configuran el delito de rebelión.
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