Los hospitales de Brasil están colapsando a medida que una variante del coronavirus altamente contagiosa se extiende por el país. Al mismo tiempo, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, insiste en tratamientos no probados, y el único intento de crear un plan nacional para contener el COVID-19 se ha quedado corto.
Últimamente los gobernadores brasileños han intentado hacer algo que el presidente rechaza categóricamente: concebir una propuesta para que los estados ayuden a frenar el brote más letal del virus hasta la fecha. Se esperaba que incluyera un toque de queda, la prohibición de organizar eventos multitudinarios y límites a las horas en las que pueden funcionar los servicios no esenciales.
El 10 de marzo se presentó el documento, de una página. Supone un apoyo general a la restricción de la actividad, pero carece de medidas específicas. Seis gobernadores, todavía temerosos de enfrentarse a Jair Bolsonaro, se negaron a firmarlo.
A menos que se alivie la presión sobre los hospitales, cada vez más pacientes tendrán que pasar la enfermedad sin una cama en un centro sanitario ni con la esperanza de recibir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, lamentó el gobernador del estado de Piauí, Wellington Dias. El político dirige el foro de gobernadores.
«Hemos llegado al límite en todo Brasil. (…) La posibilidad de morir sin ayuda es real», afirma Dias.
De hecho, ya se están registrando las primeras muertes. En la región más rica de Brasil, Sao Paulo, al menos 30 pacientes fallecieron en marzo esperando una cama en la UCI, según un conteo publicado por la web de noticias G1. En Santa Catarina, al sur del país, 419 personas esperan ser trasladadas a una cama en una unidad de cuidados intensivos, y en el vecino Río Grande do Sul las UCI están al 106% de su capacidad.
Alexandre Zavascki, médico en la capital de Río Grande do Sul, Porto Alegre, describe la llegada constante de pacientes con problemas respiratorios.
«Tengo muchos compañeros que, a veces, paran a llorar. Esta no es la medicina que estamos acostumbrados a practicar. Esta es una medicina adaptada para un escenario de guerra», explica Zavascki, que supervisa el tratamiento de enfermedades infecciosas en un hospital privado.
«Vemos que una buena parte de la población se niega a ver lo que está ocurriendo, se resiste a los hechos. Esas personas pueden ser las próximas en pisar un hospital, y querrán camas. Pero no habrá ninguna», denuncia el médico. Agrega que el país necesita que las autoridades locales adopten «medidas más rígidas».
A pesar de las objeciones del presidente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó que las ciudades y los estados tienen la potestad de imponer restricciones a la actividad. Aun así, Bolsonaro ha condenado constantemente sus movimientos, alegando que la economía necesita seguir activa y que el aislamiento causaría depresión. Las medidas se relajaron a finales del 2020, cuando las infecciones y decesos por COVID-19 descendieron. Se inició la campaña para las elecciones municipales y los brasileños que regresaron a casa estaban cansados de la cuarentena.
El último repunte está impulsado por la variante P1. Según detalló el ministro de Salud del país en febrero, es tres veces más transmisible que la original. Acabó siendo la mayoritaria primero en la ciudad amazónica de Manaos, y en enero obligó a trasladar por aire a cientos de pacientes a otras regiones.
El fracaso de Brasil a la hora de contener el virus desde entonces se percibe cada vez más como una preocupación no solo por sus vecinos, sino también como una advertencia para el mundo, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa el 5 de marzo.
«En el conjunto del país, la adopción radical de medidas sociales para preservar la salud pública será muy, muy crucial», afirmó el jefe de la OMS. «Sin hacer cosas que tengan un impacto en la transmisión o supriman el virus no creo que pueda haber una tendencia a la baja en Brasil», advirtió.
Los más de 10.000 fallecimientos reportados hace poco en Brasil fueron la peor cifra desde el inicio de la pandemia, y el conteo de estos días va camino de ser incluso más elevado luego de que se registraran cerca de 2.300 decesos solo el 10 de marzo, cifra superior a la del día anterior.
«Los gobernadores, como gran parte de la población, se están hartando de tanta inacción», enfatizó Margareth Dalcolmo, una destacada neumóloga del instituto estatal Fiocruz. El pacto propuesto es vago y seguirá siendo simbólico a menos que tenga un gran alcance y confronte al Gobierno federal, agregó.
El consejo nacional de ministros estatales de Salud ya había solicitado que se estableciese un toque de queda en todo el país y de cuarentenas en las regiones donde la capacidad hospitalaria está cerca de su máximo. Una vez más, Bolsonaro se mostró contrario.
«No lo decretaré», señaló el político en un acto el 8 de marzo. «Y pueden estar seguros de una cosa: mi Ejército no saldrá a la calle para obligar a la gente a quedarse en casa«, aclaró.
Las restricciones ya podían notarse en el exterior del palacio presidencial luego de que el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, implementase un toque de queda y un confinamiento parcial. Rocha advirtió el 9 de marzo que podría endurecer las restricciones, excluyendo así solo a farmacias y hospitales. A día de hoy, la lista de espera para ocupar una cama en una UCI en la región es de 213 personas.
Bolsonaro explicó a la prensa el 8 de marzo que el toque de queda era «una afrenta, inadmisible» y que incluso la OMS creía que los confinamientos no eran adecuados porque afectaban de manera desproporcionada a los pobres.
Aunque la agencia de Salud de Naciones Unidas reconoce los «profundos efectos negativos» de esta medida, señala que algunas naciones no tienen más opción que imponer medidas muy estrictas para ralentizar los contagios, y que los gobiernos deben aprovechar al máximo el tiempo del que disponen para hacer pruebas y rastrear casos, además de atender a los pacientes.
Este matiz se le escapó a Bolsonaro. Su Gobierno sigue buscando soluciones milagrosas que por el momento no han servido para nada más que para alimentar las falsas esperanzas. Cualquier idea parece ser digna de tenerse en cuenta, excepto las de los expertos en salud pública.
En busca de fármacos sin garantías
El Gobierno de Bolsonaro gastó millones en producir y distribuir pastillas contra la malaria que en estudios rigurosos no mostraron ningún beneficio. Sin embargo, el presidente respaldó este medicamento. También apoyó el tratamiento con dos fármacos para combatir los parásitos, ninguno de los cuales ha demostrado ser efectivo. El 10 de marzo volvió a elogiar su capacidad para evitar hospitalizaciones durante un acto en el palacio presidencial.
Bolsonaro envió también un comité a Israel para evaluar un spray nasal no probado que ha calificado de »producto milagroso». Margareth Dalcolmo, cuya hermana está ingresada en una UCI, sostuvo que el viaje había sido »realmente patético».
A su vez, Camila Romano, una investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo, espera que la prueba que está desarrollando su laboratorio para identificar variantes preocupantes, incluyendo la P1, ayude a monitorear y controlar su propagación. Además, pide que el Gobierno adopte medidas más estrictas y que los ciudadanos cumplan con su parte.
»Cada día hay una nueva sorpresa, una nueva variante, una ciudad cuyo sistema de salud colapsa», afirma Romano. »Ahora estamos en la peor fase. Si esta es la peor fase, es [porque] desafortunadamente no sabemos lo que está por venir».
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