La vicepresidenta ya había advertido que la declararían culpable en un juicio colmado de irregularidades.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que le habían imputado los fiscales de la causa, y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados, quienes fueron condenados a penas de entre tres y seis años de prisión, y en el que participaron más de 100 testigos.
El fallo es histórico porque es la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones. Antes fueron sentenciados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, pero ya no ocupaban sus puestos.
La trascendencia del caso se debe, también, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde que en 2007 se colocó por primera vez la banda presidencial.
La expresidenta estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En su alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la vicepresidenta de la nación recibiera una pena de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y decomiso de sus bienes.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del "lawfare" (persecución judicial) que se ha llevado a cabo en su contra desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que tiene como único fin proscribirla.
"(El tribunal) es un pelotón de fusilamiento", acusó la expresidenta la semana pasada durante su última intervención.
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