Los pronunciados y llamativos escotes que llevan con orgullo las mujeres y que los hombres reconocen como sinónimo de belleza, se transformó en angustia para un gran número de zulianas. La alegría de lucir unos senos perfectos desapareció cuando el Gobierno venezolano anunció que había ingresado al país un lote de implantes Poly Implants Protesés (PIP), luego que autoridades francesas recomendaron retirar las prótesis al descubrir que la silicona utilizada era industrial. La noticia circuló como pólvora y alertó al mundo, reseña La Verdad.
A Manuel Alvarado, cirujano plástico egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), también le tomó por sorpresa la decisión, pues entre 2002 y 2010 le recomendó esa marca a sus pacientes. Aunque hace dos años las cambió porque desaparecieron del mercado, cerca del 60 por ciento de sus pacientes las tienen. No precisó el número exacto, pero da cuenta de cientos de mujeres.
Las innumerables visitas a su consultorio lo mantienen ocupado. En las últimas dos semanas contó 16 operaciones de extracción y reposición de los implantes, aún y cuando no se han presentado rupturas. “La alarma es fuerte. Las informaciones transmitidas crearon un grado de angustia importante en el paciente que rompió el equilibrio”.
Su asombro fue mayor, ya que como muchos, estaba confiado que la patente francesa contaba con los permisos sanitarios del Ministerio de Salud y de la Federal Drugs Administration (FDA), para la comercialización. “Incluso cuando la compañía cerró muchos cirujanos nos lamentamos, pues la marca tenía buena proyección por su forma, consistencia y el resultado estético”.
Preservar la salud mental
El especialista, quien también es adjunto al servicio de cirugía del Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, se declaró en un “plan de emergencia mental”. Aunque no sabe cuantas cirugías tiene pendientes, sí está consciente del trabajo que le queda por hacer. “Las pacientes perdieron la salud mental, pues la angustia se saber que tienen un cuerpo extraño contaminado hace que se convierta en su enemigo”.
Retirar las prótesis es su recomendación, que coincide con la emitida por las autoridades internacionales. “No deben angustiarse, pues es una cuestión de alarma no una emergencia, pero sí hay que retirarlas porque están contaminadas”.
En el caso de las personas que no guardaron el código de identificación donde aparece el modelo, el serial de la prótesis derecha e izquierda o que el médico no lo tenga a la mano, deben acudir al especialista en busca de orientación. “Ante la duda es preferible descartar cualquier posibilidad y recuperar la tranquilidad”.
La otra cara del problema es el impacto económico, imposible de obviar. Alvarado precisó que esto sin duda es algo inesperado tanto para el paciente como para el cirujano. “Ante este tipo de situaciones hay que ser flexibles y saber que no está dentro del presupuesto y se debe manejar de forma que podamos ayudar al paciente”.
¿Quién responde?
Entre sentimientos de preocupación e incertidumbre se debate María Elena Sánchez, luego de corroborar que los implantes que se colocó hace cinco años pertenecen a la cadena francesa PIP.
La joven de 26 años y madre de dos niños de uno y dos años, inicialmente no le prestó atención a las noticias publicadas en los diarios y portales electrónicos sobre la alarma mundial que provocaron las prótesis por contener silicón industrial. Hasta que un día su suegra le comentó que un lote ingresó al país. “En ese momento comenzó mi angustia y al verificar el certificado y comprobar que eran PIP me alarmé”.
Acudió hace dos semanas al consultorio del cirujano que le practicó la intervención en busca de una solución. Al igual que ella, ocho mujeres esperaban ser atendidas, entre ellas su hermana. Efectivamente el galeno le dijo que estaban dañadas y debía retirárselas, pero la operación cuesta 20 mil bolívares. Hace cinco años pagó entre siete y ocho mil bolívares.
Esta respuesta la decepcionó, pues afirma que “esperaba más apego” del médico hacia las pacientes. Pensó que encontraría una posición más receptiva de su parte. “Él dice que el procedimiento salió bien pues no presenté ningún problema, pero que estuviesen dañadas no es su responsabilidad”.
Sánchez, quien es abogada, expresó molesta que si bien el médico desconocía el defecto de las prótesis, ella se las colocó porque se recomendó como la “octava maravilla del mundo”. “Una de las observaciones que me dijo fue que estos implantes no era necesario retirarlos a los 10 años, que si por cuestiones de gravedad lo quería hacer ya era mi decisión”.
María Elena está consciente que debe retirarse las prótesis porque representan un riesgo para su salud, pero ahora por su condición de madre siente miedo de hacerlo. Otro inconveniente es que no cuenta con el dinero para someterse al procedimiento. “Me las quiero sacar pero no con el médico que me operó, porque de este problema no se puede hacer un negocio”.
Responder a la justicia
Las cadenas de comercialización de implantes Poly Implants Protesès (PIP) deberán responder ante la justicia venezolana por las más de mil 400 mujeres afectadas. Gilberto Andrea, especialista en Derecho Médico y abogado, ha recibido 750 solicitudes de asesoría, razón por la que presentará un recurso de amparo.
Se calcula que cerca de 500 mil mujeres puedan tener esas prótesis defectuosas con alto riesgo de romperse, y que se distribuyeron principalmente en América Latina. La empresa PIP comenzó a vender implantes en 1991. Entró en bancarrota y cerró en 2010. Una inspección reveló el uso de silicona de tipo industrial en algunos de sus productos.
Confesión: “El gel era más barato”
Jean-Claude Mas, fundador de la empresa francesa PIP, asumió ante los investigadores que produjo un gel de silicona no homologado, derivado de una fórmula propia y disimulado al organismo certificador.
“Sabía que ese gel no estaba homologado, pero lo hice adrede porque el gel PIP era más barato. A partir de 1993 -dos años después de la creación de la empresa- di la orden de disimular la verdad al organismo certificador alemán TÜV, y en cuanto a los envases (de ese gel), los empleados se las arreglaban para hacerlos desaparecer”.
A su juicio, las denunciantes son “personas frágiles o personas que hacen eso sólo por dinero”. Aseguró que las prótesis no representan ningún riesgo para la salud.
Mas, de 72 años, es objeto en Francia de dos investigaciones judiciales por engaño agravado y heridas y homicidio involuntarios. Fue interrogado en dos ocasiones, pero no ha sido inculpado. Ayer salió de su silencio y denunció en un comunicado el “número impresionante de mentiras” difundido según él a propósito del escándalo en el que está implicado. (con informacion de la verdad)
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