Con el decreto presidencial N° 702, publicado en la Gaceta Oficial
40319 de fecha 19 de diciembre, Nicolás Maduro ordenó la intervención
de la Fundación Teatro Teresa Carreño. El motivo: el incumplimiento de
las metas.
El proceso de intervención
de la institución que acumula 40 años se realizará durante seis meses, a
partir de la fecha de publicación del decreto. Este lapso se puede
prorrogar por igual cantidad de tiempo si lo considera necesario el
ministro de Cultura, Fidel Barbarito.
El
titular del despacho de Cultura deberá ser informado periódicamente por
la junta interventora, que tendrá “las más amplias facultades” y estará
presidida por Gustavo Arreaza, director de VTV y autor del tema que
identifica al Partido Socialista Unido de Venezuela.
La
junta la integrarán también cuatro miembros principales, entre quienes
están la diputada Gladys Requena; la viceministra de Gestión
Comunicacional, Lídice Altuve Moreno; y el director del Instituto de las
Artes Escénicas y Musicales, Néstor Viloria, quien forma parte del
actual consejo directivo de la fundación.
Por
disposición expresa del decreto quedan fuera de sus cargos todos los
directivos de la institución, entre quienes están el coordinador
general, Miguel Issa, y la directora ejecutiva, Damelis Rodríguez.
Entre
las atribuciones de la junta interventora figura la elaboración de un
"plan de acción para la reestructuración y rehabilitación integral de la
fundación", así como un programa para la administración de los recursos
e ingresos, con prioridad en las áreas de reinversión social. Estas
facultades serán especificadas en un reglamento interno de
funcionamiento que la junta deberá entregar durante el primer mes.
Los efectos.
Mientras se lleva a cabo el proceso de intervención no se descarta la
posibilidad de que se paralicen algunas actividades del Teatro Teresa
Carreño. Una decisión que quedará a cargo de la junta interventora,
previa autorización del ministro.
Los
convenios, contratos, compromisos o negociaciones programadas,
proyectos, recursos o servicios –y en general todas las actividades
relacionadas con el presupuesto– podrán ser suspendidos si la junta lo
considera conveniente a los intereses de la institución. Y en caso de
irregularidades, tiene la facultad de presentar la denuncia ante los
órganos administrativos, civiles y penales que correspondan.
El
decreto establece, además, que la junta cumplirá con las obligaciones
válidamente contraídas por la fundación solo si se verifica que están
apegadas a Derecho y ajustadas a las leyes relacionadas con las
contrataciones públicas.
Todos bajo la lupa.
Se llevará a cabo una auditoría, que incluirá un estudio de las
instalaciones, el equipamiento y mobiliario de la fundación. Si es
necesario se contratarán servicios personales o de auditorías externas y
la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna podrá prestar
colaboración.
El proceso de
intervención incluirá a los trabajadores de la institución, puesto que
la junta tendrá poder de decisión sobre los ingresos y egresos del
personal que calcule "necesario y conveniente” para su funcionamiento.
No habrá consideraciones sobre jerarquías: todos serán evaluados, desde
los directivos hasta los jubilados y pensionados.
Las
actuaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Fundación Teatro
Teresa Carreño también serán revisadas: el decreto también estipula que
aquellos actos o prácticas que causen perjuicio a la institución serán
nulos.
Poderes ministeriales.
De acuerdo con el decreto presidencial, el ministro de Cultura tendrá
la potestad de dictar políticas de coordinación y corrección para
“asegurar la transparencia” del proceso. Evaluará y aprobará la
pertinencia de continuar o no la ejecución de los convenios suscritos. Y
al examinar los motivos de la intervención, podrá remitir a los órganos
competentes aquellos documentos necesarios para determinar la
responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria de los
integrantes de la fundación.
Estado revolucionario
El
segundo considerando del decreto señala que las actividades artísticas y
culturales que le corresponde ejecutar a la Fundación Teatro Teresa
Carreño “como política que desarrolla el Estado revolucionario” se han
visto afectadas, lo que ocasionó el incumplimiento de las metas y
actividades programadas, y por ende la “realización del objeto para el
cual fue constituida dicha fundación”.
Sin
dejar claro cuáles son los objetivos y por qué no se cumplieron, el
documento hace eco de un lenguaje con tinte ideológico. Esto sigue la
línea que ha definido el mundo cultural desde hace algún tiempo:
representantes de las disciplinas han sido desplazados, se les han
negado espacios o se les ha reducido el apoyo.
Institución sin efecto y sin presidente
M. A. C. B.
Días
antes de que se conociera la noticia de la intervención por decreto
presidencial de la Fundación Teatro Teresa Carreño, se conoció que su
presidente, Saulibeth Rivas, renunció al cargo. Aún se desconocen las
razones de la decisión. Miguel Issa, coordinador general estratégico de
la institución, dijo en ese momento que están a la espera de un nuevo
nombramiento: “Cada quien va cambiando de cargo y ella iba a trabajar
solo por 6 meses, hasta se quedó un poco más. Por eso no hemos
concretado la programación de 2014”.
Rivas es abogado de profesión, pero ha formado parte del Ejecutivo en
materia cultural. Trabajó en la Misión Cultura, fue directora del
ministerio y luego viceministra de ese despacho para el Desarrollo
Humano.
“Es una responsabilidad que
asumo con mi pueblo, con la gente y con la comunidad. El impulso de un
espacio tan bello y tan representativo de lo que es la cultura para
nuestro país”, declaró a El Nacional casi 10 meses después de
haber asumido la presidencia de la Fundación Teatro Teresa Carreño. En
esa misma entrevista afirmó que seguiría una línea orientada hacia la
descolonización cultural.
En las
cuatro décadas que tiene la fundación esta ha sido presidida por figuras
como el crítico Leonardo Azparren Giménez –el último antes de la
llegada de Hugo Chávez y la revolución–, el promotor cultural Elías
Pérez Borjas (entre 1985 y 1989), Eva Ivanyi (1984 y 2003), Francisco
Sesto (2010) y la más reciente, Alice Dotta, quien se mantiene al frente
del Centro Nacional de Danza.
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