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miércoles, 17 de octubre de 2012

Cinco Guardias Nacionales y una mujer presos por muerte de hombre en Catia

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y una mujer por su presunta responsabilidad en la muerte de Roger Moisés Escalona (28), ocurrida el 16 de abril de este año, en la parroquia Sucre, municipio Libertador del Distrito Capital.
En la audiencia preliminar, las fiscales nacionales 34º y 19º auxiliar, junto a la 83º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Desireé Boada, Irina Núñez y Alba Martínez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el mayor Carlos Matos por presuntamente ser autor del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con alevosía.
Asimismo, las representantes del Ministerio Público ratificaron la acusación contra los sargentos segundos de la GNB, José Dorantes y César Monjes, por ser presuntos cooperadores inmediatos en el delito antes mencionado; Monjes también fue acusado por la presunta comisión del delito de porte ilícito de arma de fuego, debido a que habría utilizado un arma de fuego que estaba en una sala de evidencias del referido componente militar.
Igualmente, las fiscales acusaron a Omaira Durán y a los sargentos segundos Elías Youssef y Freddy Bonaldes como cómplices necesarios en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con alevosía.
Adicionalmente, se ratificó la acusación contra los cinco efectivos militares como coautores en el delito de privación ilegítima de la libertad, tortura y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
Omaira Durán también fue acusada como cómplice necesaria en el delito de privación ilegítima de libertad.
Los referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por las representantes del Ministerio Público, el Tribunal 27° de Control del AMC ordenó el enjuiciamiento de las seis personas y ratificó la medida privativa de libertad contra los acusados, por lo que la mujer permanecerá en el Internado Nacional de Orientación Femenina; mientras que los funcionarios están recluidos en el Centro Penitenciario Yare III.







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