El Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión
Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió en la
madrugada de este viernes una sentencia condenatoria contra el director
de Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura
informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en
CVG Ferrominera Orinoco.
Natera Febres fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos
de difamación e injuria continuada. A ello se suma una multa de 1.137
unidades tributarias, y la imposición de una medida vigente: la
prohibición de publicar noticias relacionadas con un empresario de la
región, en cuanto al caso de corrupción en FMO.
El juez Beltrán Lira impuso además dos medidas de coerción personal
hasta tanto no quede firme el fallo: la prohibición de salida del país y
presentación cada 30 días, con la aclaratoria -según explica el abogado
defensor Morris Sierralta- que se aplica esas medidas porque la pena no
llega a cinco años, de lo contrario el juez hubiese privado de libertad
de forma inmediata.
Adicionalmente, hay una medida ininteligible, según señaló la
defensa, que es la medida económica contra David Natera. Se trata de la
prohibición de enajenar y gravar derechos, aunque la medida debería ser
enajenar bienes e inmuebles, en su carácter de factor mercantil de
Correo del Caroní, y ordena oficiar al registro mercantil donde está
registrado, a los fines de que imponga la medida.
Hasta ahora no existe una sentencia firme. Se espera la publicación
de la misma, y una vez notificada a las partes, corre un lapso de 10
días hábiles para las apelaciones; de no haberlas, la sentencia se
mantiene firme.
La defensa aclaró que el fallo del tribunal mantiene la prohibición
de relacionar al empresario demandante con el caso de corrupción en
Ferrominera Orinoco.
Los argumentos interpuestos por la parte acusadora, aceptados por el
juez Lira, suponen que cualquier medio de comunicación debe esperar la
sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de
corrupción, lesionando el derecho a la libertad de expresión y el
derecho a la información oportuna que tienen los medios y, sobre todo,
los ciudadanos
El miércoles 9 de marzo de 2016 se retomó el juicio por difamación e injuria en contra del diario de circulación regional.
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