El próximo mes el proyecto de reforma del Código de Procedimiento
Civil entrará en segunda discusión en la plenaria de la Asamblea
Nacional.
La Comisión Permanente de Política Interior dio el visto bueno a las
propuestas recogidas en la consulta pública y que fueron incorporadas al
proyecto, informó el diputado Darío Vivas, quien preside el equipo de
trabajo parlamentario.
El diputado aspira que antes que culmine el año sea sancionada esta
normativa, aunque indicó que el proyecto contiene más de 750 artículos y
cuatro libros.
“Es un debate muy técnico que requiere de un conocimiento de la
materia, pero vamos a trabajar en función de que se apruebe en este
segundo período de sesiones”, explicó.
La declaración la ofreció en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
donde la Comisión de Política Interior presentó un balance de las
acciones adelantadas en relación con la discusión de la reforma.
Vivas indicó que en la consulta pública que se hizo en todo el país
participaron más de 4 mil personas y se recogieron 900 propuestas.
La propuesta de reforma fue llevada a la Asamblea Nacional por la
anterior presidenta de la Sala de Casación Civil, la magistrada Iris
Peña, con el propósito de ajustar el Código de Procedimiento Civil a lo
que establece la Constitución.
El código fue promulgado en 1987 y “forma parte del viejo modelo
político que existía en este país, donde no había justicia, donde la
justicia estaba en manos del gran capital y donde los trabajadores y los
humildes eran excluidos de la justicia en materia civil”.
El parlamentario precisó que se le incorporaron mandamientos de la
Carta Magna, como la celeridad procesal para evitar el retardo.
“Le hemos colocado límites a la toma de decisiones; más de ocho años duraba un proceso civil y nadie tomaba decisión”, acotó.
Además, se establece la oralidad en los juicios: “Ahora todo el proceso será oral, excepcionalmente se hará por escrito”.
El juez será parte fundamental porque “conocerá del proceso desde su inicio y será mediador para evitar conflictos mayores”.
También se plantea la gratuidad, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana tendrá acceso a la justicia.
En las consultas se incorporó a la Defensa Pública “para que acompañe
a los venezolanos y venezolanas que no tengan recursos para entrar en
un conflicto civil”.
También está prevista la participación popular con los jueces de paz en los juicios.
La Comisión de Política Interior evalúa la incorporación de una
disposición transitoria “para pasar del procedimiento que conocemos al
procedimiento que estamos proponiendo”.
Según Vivas, el Poder Judicial tendrá que adecuar la infraestructura y
plantearse la preparación de jueces sobre las innovaciones que se
introducen en el código.
GARANTIZAR LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES
La magistrada Iris Peña, miembro de la Sala de Casación Civil,
consideró que más que una reforma se trata de un nuevo Código de
Procedimiento Civil por el cambio sustancial que se hizo, luego que el
Tribunal Supremo de Justicia entregase la propuesta en octubre del año
pasado.
En su intervención explicó que tras la aprobación de una nueva
Constitución en 1999, surgió la necesidad de transformar el código para
que “se adaptara a los postulados constitucionales de oralidad,
concentración y celeridad procesal”.
Precisó que en la reforma se plantea la figura de un juez “que
implica un cambio de paradigma porque la sociedad venezolana se merece
un juez sensible, proactivo, capaz de una mediación procesal y
comprometido con la tutela efectiva de los derechos humanos”.
La Carta Magna concibe el Estado democrático y social de derecho y de
justicia, por lo que es necesario concebir procesos civiles con juicios
orales públicos, con concentración y mediación procesal, explicó.
“Me siento orgullosa de que pronto el pueblo de Venezuela” pueda contar con un código adaptado a los nuevos tiempos, expresó.
“Había que hacer una combinación de la escritura y la oralidad para
que nuestro proceso civil sufriera una transformación”, agregó.
Con la reforma le tocará a la Escuela Nacional de la Magistratura, a
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de
Tribunales garantizar las herramientas necesarias al nuevo juez para que
reciba el adiestramiento necesario y que “la oralidad tenga
preeminencia sobre la escritura y tengamos un juez con rostro humano”.
A su vez, el magistrado Guillermo Blanco, presidente de la Sala de
Casación Civil, señaló que actualmente un proceso civil demora hasta
ocho años, pero que con la reforma el veredicto de un juicio se conocerá
en una hora.
“Representa un modelo donde el hombre común queda perplejo e insatisfecho”, lamentó.
En casi 30 años de vigencia el pueblo clama por justicia en el campo civil, aseveró.
Entre los cambios destacó que las audiencias preliminares serán totalmente orales.
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