El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la decisión del Ministerio Público de iniciar investigaciones penales por daños ambientales durante manifestaciones violentas ocurridas en los últimos meses en el país.
En rueda de prensa realizada este viernes desde el auditorio de la sede principal del organismo, el titular de la acción penal en el país explicó que en torno a estos hechos específicos nunca se abrió caso alguno, a pesar de que las protestas del mes de abril hasta a la fecha fueron más violentas que las ocurridas el año 2014.
Al respecto, puntualizó que para respaldar este trabajo cuentan con videos y fotos sobre los daños hechos al ecosistema.
Durante su intervención, anunció también que desde la institución investigarán los casos de la utilización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones violentas, y consideró llamativo que no hubiera casos abiertos habiendo sido un hecho público y notorio.
Indicó que esta situación provocó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef expresara su preocupación en un comunicado del ocho de julio de este año.
Recordó que en la Defensoría del Pueblo recibieron al menos tres casos de madres que denunciaron la captación de sus hijos para participar en esos hechos, debido a que no confiaron en el Ministerio Público.
Adicionalmente, informó que decidieron igualmente revisar las causas abiertas por presuntos crímenes de odio, cometidos por grupos de personas que agredieron a otras por motivos de su opinión política.
Aprovechó para mencionar el caso de la agresión cometida en contra de la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, por lo que adelantó que próximamente ofrecerá anuncios al respecto.
En cuanto a heridos y fallecidos en barricadas, mencionó que se encuentran revisando y verificando investigaciones de este tipo en aras de garantizar la justicia a las familias de las víctimas.
Reestructuración
En esta oportunidad, la máxima autoridad del Ministerio Público informó que será instaurada una comisión de reestructuración de la Fiscalía General de la República, la cual tendrá como objetivo abordar el tema del burocratismo y avanzar en la transformación de la institución.
Asimismo, esta iniciativa buscará simplificar y optimizar las funciones dentro de esta instancia.
Expresó que revisarán la pertinencia del número de cargos directivos y de jefaturas en distintos niveles, cuya cifra asciende 250 cargos.
Corrupción en el Ministerio Público
Durante la rueda de prensa, el Fiscal General manifestó que entre los hallazgos dentro de la institución se encuentra lo concerniente a hechos de corrupción, que incluyen el cobro en dólares para imputar o no a un ciudadano.
Dijo que esta misma práctica se aplicaba para acusaciones y el sobreseimiento de causas.
“Para que se hayan producido esta situaciones, los funcionarios del Ministerio Público debieron haber tenido un mal ejemplo de máximas autoridades”, expresó.
Ante este panorama, enfatizó que este tipo de prácticas deben acabarse, debido que sería imposible administrar justicia en el país.
Aseguró que funcionarios que consigan en esa actitud serán puestos a la orden de los tribunales competentes.
Sobre estos hechos, anunció la creación de una dependencia destinada a la recepción de denuncias para las víctimas de esta red de extorsión, puesto que no existirá complicidad alguna con las personas que hayan traficado con la libertad.
Jurisdicción militar y ordinaria
El titular del Ministerio Público anunció que actualmente se encuentran revisando casos en los cuales la jurisdicción militar podría declinar ante la jurisdicción penal ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 266 de la Constitución Nacional, referido a la resolución de conflictos de competencia entre tribunales ordinarios o especiales.
Informó que 72 causas de civiles presentadas ante tribunales militares o acusados de delitos de naturaleza militar, podrían ser transferidas a la justicia penal ordinaria por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que informó se realizará el “procedimiento conforme a la ley de manera expedita”.
“Es nuestra intención que esto ocurra lo antes posible, ya que la gestión pasada poco hizo en este sentido”, puntualizó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Retardo procesal
Durante el encuentro con la prensa, Saab informó que su gestión se enfocará en combatir el retardo procesal, “un problema de gran magnitud que debe ser revisado por todo el sistema de justicia”.
Indicó que la meta es afrontar este flagelo, ya que representa una deuda histórica de la justicia venezolana con el país.
Además notificó que apoyarán a la Comisión por la Verdad, Justicia y Paz, promovida por la Asamblea Nacional Constituyente, en las investigaciones de hechos de violencia política ocurridos desde el año 2014 hasta la actualidad, incluyendo aquellos que involucren a funcionarios del Estado, con el propósito de garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
En el marco de la sesión de preguntas realizadas por los representantes de los medios de comunicación, el Fiscal General indicó que tienen grandes expectativas en torno a la labor que cumplirá la mencionada comisión, en función de la resolución de delitos en los cuales se haya vulnerado la paz y causado daño a la sociedad venezolana.
Añadió que esta institución centrará esfuerzos en la restitución de la paz, ya que la actuación de esta entidad durante la pasada gestión contribuyó a exacerbar los niveles de violencia en el país a través de su vocería.
“El Ministerio Público no puede ser un instrumento para la guerra y la violencia. No puede utilizar su vocería para dirimir rencores, odios, drenar rabias y frustraciones que coloquen en peligro la paz pública y del Estado. Quedará en la conciencia de quienes promovieron violencia con esas declaraciones en la gestión anterior, los casi 100 muertos producto de la inacción del organismo, la apatía y complicidad para derrocar al Gobierno legítimamente constituido”, puntualizó.
Señaló que Ministerio Público no va estar al servicio de planes violentos o al margen de la ley, ya que es un ente promotor de la concordia que colaborará con el Estado, así como con la democracia, y no incitará a la pugna entre poderes públicos.
Indicó que este tipo de acciones han quedado en el pasado y que por este tipo de faltas se generó la suspensión de la ex fiscal.
Sanciones internacionales
Saab rechazó las sanciones impuestas por parte del gobierno estadounidense a funcionarios venezolanos, pues considera que “buscan perturbar la actuación de titulares de las instituciones nacionales”.
Añadió que una potencia extranjera no tiene competencia para evaluar al Estado venezolano, en su defecto corresponde a las autoridades competentes del país juzgar si cumplen con su labor.
Por su parte, indicó a los comunicadores en referencia a los fallecidos durante las protestas que se está revisando esta data, debido a que algunos de estos casos fueron desvirtuados al incluirlos en la lista de muertes generadas en medio de protestas.
“No se puede colocar como fallecido en el marco de una manifestación o protesta, quienes estaban asaltando una propiedad privada. Eso merece un tratamiento aparte, no se puede colocar que ocurrió en una manifestación pacífica”, explicó.
Además, declaró que la institución investigará todos los casos que deba sin excepción, incluyendo los relacionados con Odebrecht.
Finalmente, en su intervención anunció que mantiene una posición firme en cuanto a la liberación de los privados de libertad que cuentan con boletas de excarcelación, para ello sostendrá una reunión con el presidente del TSJ, Maikel Moreno, la próxima semana.
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