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lunes, 17 de febrero de 2014

Existen 942 investigaciones penales contra personas por irregularidades en trámites ante Cadivi

(Caracas, 16 de febrero de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,  informó que en el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra personas naturales, por estar presuntamente incursas en irregularidades en la solicitud para la adquisición de monedas extranjeras ante la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Así lo dio a conocer este domingo 16 de diciembre en el programa de televisión “Diálogo con”, trasmitido por Televen.
 Durante la entrevista, la Fiscal General explicó que de tales investigaciones se desprenden 481 actos de imputación por parte de fiscales adscritos a la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público.
Hasta ahora, las investigaciones penales han sido detectadas en las solicitudes de divisas en efectivo, cupos electrónicos, para viajes al exterior, las destinadas a los estudiantes, las remesas familiares, pero también a través de la creación de las denominadas empresas de maletín.
En este aspecto, Ortega Díaz explicó que se logró la condena de dos personas que habían constituido 85 empresas de ese tipo para tramitar dólares ante Cadivi.
La máxima representante del Ministerio Público se refirió al caso del exfuncionario de Cadivi, William Rojas Graterol (53); y  su hijo William José Rojas Godoy (23), quienes admitieron su responsabilidad en la creación de “empresas de maletín” para obtener divisas de manera fraudulenta desde el año 2010 hasta 2013.
Ambos hombres reconocieron que la creación de esas compañías ficticias les permitió la obtención fraudulenta de divisas, por lo que un tribunal le dictó condena a finales del año pasado.            
Adicionalmente, la Fiscal General se refirió a otro caso en el que se crearon 154 empresas de maletín. Por este hecho el Ministerio Público acusó al exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de Cadivi, Francisco Navas Lugo (40); y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo (30).
Ortega Díaz precisó que todo lo relacionado con las empresas de maletín, lo tienen distribuido las direcciones contra la Corrupción, y de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, pues el modus operandi encuadra dentro de lo que es la delincuencia organizada.
“La Dirección contra la Corrupción tiene  191 investigaciones que agrupan varias empresas, son muchísimas porque una investigación pudiera contener, 10, 20 ó 50 empresas de maletín”, indicó la Fiscal General
Asimismo, dijo que por delincuencia organizada se tienen 416 investigaciones penales contra este tipo de compañías.
Recordó que gracias al convenio de asistencia mutua con Ecuador, se tiene información acerca de este tipo de empresas que operan desde y hacia Venezuela, situación que se ha trabajado conjuntamente con el Fiscal General de la nación ecuatoriana para poder castigar a los responsables de una acción que afecta las finanzas del país.
Por otra parte, al ser consultada respecto a la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos en el marco de la lucha contra la guerra económica, precisó que el Ministerio Público ha participado con otras instituciones del Estado en 96 intervenciones, de las cuales han derivado 75 investigaciones penales.
En esta lucha contra la especulación, el acaparamiento y la usura, se realizaron 57 aprehensiones, de las cuales permanecen 17 personas privadas de libertad y 40 tienen medidas cautelares.

Recuerdos del 2002
La Fiscal General fue consultada con relación a los sucesos violentos ocurridos el pasado 12 de febrero, cuando un grupo de manifestantes causó no sólo destrozos a la sede principal del Ministerio Público, a la Plaza Parque Carabobo, y en las adyacencias de la parroquia Candelaria y otras partes de Caracas, sino que ocurrió la muerte de tres personas y 66 heridos.
Al respecto, Ortega Díaz no dudó en comparar tales acciones con las ocurridas en abril de 2002 cuando se produjo un golpe de Estado que disolvió los poderes públicos.
Alertó que se pudiera estar en presencia de la preparación de un golpe de Estado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues las consignas de los manifestantes y de algunos actores políticos, claramente identificados, eran la salida del Primer Mandatario.
“Ellos tienen el derecho de querer salir de Maduro, pero tienen que hacerlo por las vías legales. ¿Cuáles son las vías legales?: las elecciones, revocatorios de mandato. No pueden hacerlo a través de otras vías, porque si lo hacen el Estado tiene sus mecanismos de protección a través de las leyes penales, las leyes punitivas que sancionan esas conductas”, clarificó.
La Fiscal General reconoció que el derecho a la protesta está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero si se planifica una manifestación deben solicitarse los respectivos permisos ante las alcaldías, pues existen zonas de seguridad que tienen regulaciones legales, además que ese derecho debe tener un carácter pacífico.
A su juicio, la actitud de algunos de quienes marcharon hasta la sede del Ministerio Público fue deliberada, tuvo el objetivo de crear violencia, sin tomar en cuenta el peligro que corrieron más de 800 trabajadores que laboran en el edificio principal de la institución.
Puntualizó que tales hechos están grabados, no pueden ser desmentidos por algunos sectores que han tratado de hacer ver que la violencia provino de las instituciones del Estado.




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