ALAI AMLATINA, 15/07/2010.- Existe consenso en todos los sectores
sociales del país, menos en el Palacio de Las Garzas, que la Ley Nº 30
conocida como la “ley chorizo” debe ser revocada. La represión
sanguinaria de los trabajadores en Changuinola, provincia de Bocas del
Toro, los arrestos ilegales, las órdenes de conducción, la prepotencia y
el alarde de ignorancia por parte del gobierno que preside Ricardo
Martinelli llegó a su límite. Las organizaciones sindicales, los gremios
de educadores, estudiantiles y empresariales le están pidiendo al
gobierno que se retracte y acepte el diálogo.
Los dirigentes de las asociaciones empresariales más grandes del país le
han recomendado al gobierno que busque la fórmula para poner fin a la
desestabilización que su política ha provocado. El diario La Prensa, en
una nota editorial “Hoy por Hoy” publicada hace pocos días señala que
“el gobierno ha estado jugando con fuego y ahora enfrenta las
consecuencias. El llamado a la huelga nacional que han hecho gremios y
sindicatos es la respuesta a su política de imposición antes que el
diálogo, al garrote sobre el consenso”. Concluye que “en este momento lo
que se impone es el diálogo… esta administración debe dar señales de sus
buenas intenciones y revertir sus inexcusables errores”.
El presidente Martinelli fue obligado a reconocer que se equivocó en
Changuinola. Sin plan y sin conocimiento de los antecedentes, envió a
una compañía de antimotines de la Policía Nacional dirigida por
elementos sin experiencia a disparar contra los trabajadores de la
bananera en huelga. Después de nueve días de enfrentamientos, dos
muertos, centenares de heridos, un pueblo destruido, 300 arrestos y
persecución sin control, admitió que los obreros tenían razón y culpó a
la Bocas Fruit Co. de abuso de autoridad.
El presidente Martinelli también tuvo que retroceder en su ofensiva
contra los sindicatos del resto del país. Detuvo al dirigente de los
obreros de la construcción, Jaime Caballero, y al estudiante Rolando
Ortiz. Obligó al profesor Juan Jované a buscar refugio en la Universidad
de Panamá. Al mismo tiempo, movilizó al Ministerio Público para girar
órdenes de conducción contra 17 dirigentes sindicales, entre ellos al
secretario general de SUNTRACS, Genaro López. Según el fiscal a cargo de
la persecución, eran buscados porque se pronunciaron solidarios con la
huelga de los trabajadores en Bocas del Toro.
La Corte Suprema de Justicia declaró que todas las órdenes emitidas por
la Fiscalía eran ilegales. Entre los indagados estaban los dirigentes de
gremios educativos Andrés Rodríguez (Asociación de Profesores de la
República), Juan Herrera (Asociación de Educadores de Veraguas) y el
dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténtico. También
fue objeto de una orden de conducción la ecologista Yaritza Espinoza del
colectivo Voces Ecológicas. Sin embargo, las autoridades aún no liberan
a Caballero y Ortiz, detenidos junto con presos comunes en el centro
penitenciario La Joya.
Según el fiscal, los expedientes levantados contra los dirigentes
populares descansan sobre una nueva modalidad de “agente encubierto”
creada por la ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este
caso, el agente encubierto declaró en la Fiscalía que había escuchado en
un encuentro que los dirigentes perseguidos “planeaban realizar acciones
contra el Canal de Panamá”. Según el fiscal encargado del caso, las
órdenes contra los dirigentes están “suspendidas” pero siguen vigentes.
Según informó un diario de la localidad, el agente encubierto indicó que
se infiltró en una reunión (pública) celebrada a fines de junio en la
Universidad de Panamá. “El informante identificó supuestamente a Juan
Ramón Herrera, Orlando Ortiz y a Cristian Díaz, así como a miembros de
la Asociación de Educadores Veragüenses, de la Asociación de
Funcionarios del Seguro Social y del SUNTRACS”.
La legislación nueva sobre la cual descansa la figura del “agente
encubierto” es una imitación de las leyes antiterroristas de EEUU. En
Panamá la ley “antiterrorista” se está aplicando también a los obreros
que declararon un paro en una obra de la ampliación del Canal de Panamá
dirigida por una empresa española asociada con otra de origen italiano.
Los huelguistas fueron destituidos por la empresa constructora. El
consorcio extranjero, a pesar de tener registros para operar en Panamá,
no se ha afiliado a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que
tiene convenios colectivos con el sindicato.
La batalla de Changuinola fue ganada por los trabajadores, a pesar de
las bajas sufridas. Sin embargo, todo indica que el gobierno
desestabilizado seguirá creando zozobra en el país, persiguiendo a los
sindicatos, amenazando a la sociedad civil y golpeando a las
organizaciones populares.
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