El Ministerio Público acusó a Alí Guillen y a Rafael Méndez por su presunta responsabilidad en la muerte de la jefa de Recursos Humanos del Centro Penitenciario de la Región Andina (CPRA), Roxanne Molina, hecho ocurrido el 24 de mayo a la salida de la mencionada instalación, ubicada en el municipio Sucre, estado Mérida.
Las representantes de los despachos fiscales 47º nacional, 3º y auxiliares de esa jurisdicción, respectivamente, acusaron a Guillén por la presunta comisión de los delitos de sicariato en grado de coautor, ocultamiento de arma de fuego y asociación para delinquir.
Adicionalmente, las representantes del Ministerio Público acusaron a Méndez por presuntamente incurrir en los delitos de sicariato en grado de cooperador y asociación para delinquir.
Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el escrito presentado ante el Tribunal 6º de Control del estado Mérida, las fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los dos hombres y que se mantenga la medida privativa de libertad de estos, quienes están recluidos en el Centro Penitenciario Región Centro Oriental.
De acuerdo con la investigación preliminar, el citado día, en horas de la tarde, la funcionaria se retiraba de las instalaciones del mencionado centro de reclusión cuando fue interceptada por dos personas, quienes le dispararon en varias ocasiones, por lo que fue llevada a un centro de salud cercano, donde murió horas más tarde.
El 09 de junio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ejecutaron una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 5º de Control de Mérida, lográndose la captura de los dos hombres en la población de Ejido.
Vale destacar que por este caso fueron imputados por la presunta comisión del delito de sicariato, Ever Gonzalo Zambrano, apodado “El Ever”, quien hasta la semana pasada era el líder negativo del referido centro penitenciario, además de Gerardo Alberto Ramírez, quien también se encuentra privado de libertad.
Es importante señalar que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó la radicación de este caso al estado Zulia, debido a la conmoción pública del hecho.
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