(Caracas, 22 de agosto de
2013) Ante la acusación
presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el exfuncionario
de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), Homero Sánchez Araujo
(65), por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven estudiante
Eslaida Vásquez, ocurrida el 29 de julio de 1973, en Tinaquillo, estado Cojedes.
En la audiencia
preliminar, los fiscales 8°, 39° y 80° nacionales, junto a la 83° del área
metropolitana de Caracas con competencia en Derechos Fundamentales, Mery Gómez,
Juan Carlos Tabares, Elvis Rodríguez y Alba Martínez, respectivamente,
ratificaron la acusación contra el sexagenario por la presunta comisión de los
delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles,
quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, y uso
indebido de arma de guerra.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del Ministerio
Público, el Tribunal 1º de Control de Cojedes, ordenó el enjuiciamiento de
Sánchez Araujo, quien permanece recluido en la sede principal de la policía
regional de esa jurisdicción.
De acuerdo con la investigación, el 29 de julio de
1973, funcionarios de la extinta Digepol, entre ellos Homero Sánchez, llegaron
a la residencia de Vásquez, ubicada en Tinaquillo, y sin mediar palabras le
habrían efectuado un disparo a la luchadora social.
Al notar que la víctima seguía con vida, Sánchez la
habría asfixiado causándole la muerte de manera inmediata.
Luego de varios procedimientos coordinados por el
Ministerio Público, el exfuncionario de la Digepol fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana el 1° de marzo de 2013, en los Valles del Tuy, estado Miranda, en
virtud de una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por
el Tribunal 1° de Control de Cojedes.
Eslaida Vásquez Rojas nació en 1957, en Aroa,
estado Yaracuy, convirtiéndose con el transcurrir de su adolescencia en una
luchadora social por la causa de los sectores más humildes en esa región.
Conviene destacar que este es uno de los casos
investigados por el Ministerio Público, relacionado con las violaciones de
derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
Vale recordar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, constituyó una comisión dirigida por la directora de Protección de
Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé; y
conformada por fiscales de esa dependencia, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría
Técnico-Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística
contra la Vulneración
de Derechos Fundamentales, quienes fortalecen las investigaciones en dichos
casos.
Fuente: Ministerio Publico
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