En uno de los conjuntos venden las parcelas
hasta tres veces, trabajadores y jubilados invirtieron sus churupos en
proyectos que quedaron a medio hacer.
Cientos de personas han sido víctimas de estafas inmobiliarias en la isla de Margarita. La mayoría son jubiliados y trabajadores que han invertido sus ahorros para adquirir vivienda.
Integrantes de la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Villas Virgen del Valle consideran que además han sido estafados y defraudados penal y procesalmente, dijo a ÚN el abogado Gregorio Vásquez, junto a afectados.
La OCV se conformó en 2006, acreditada por Min-Vivienda, para la fabricación de 96 casas con financiamiento público, en Guatamare, municipio García. Cada miembro compró su parcela por Bs 10 mil, y algunos dieron la inicial y distintos aportes para la vivienda por un precio de Bs 55 mil.
La construcción no se hizo y el terreno fue vendido ilegalmente a la empresa N&D C. A. La presidenta de la OCV, Némesis Gómez, fue imputada en marzo pasado por estafa inmobiliaria y defraudación. La imputada es hija del concejal de García, Félix Gómez.
En ese terreno se ofreció una segunda etapa del proyecto, con cuatro edificios y un total de 64 apartamentos.
“La empresa ni siquiera reconoce esta etapa, y en la primera venden las parcelas hasta dos y tres veces”, comentó Betty Mayz, empleada en un supermercado en Porlamar y compradora de una opción en la etapa II.
Tras haber dictado la prohibición de enajenar y gravar el bien inmueble, y ordenar el bloqueo de cuentas, la Fiscalía V de Nueva Esparta suspendió recientemente las medidas cautelares sin notificar a los afectados, denunciaron.
Sin entregar. Otro caso es el de la urbanización Las Marites (García), donde la construcción de 150 casas no llegó a término, indicó Carmen Vargas, del Colectivo Víctimas de Estafa Inmobiliaria en la Urbanización Las Marites.
Desde 1995, la empresa Promotora Las Marites C. A. ha ofrecido varias etapas.
No se ha concluido la construcción en las manzanas 3, 8, 9, 10 y 11, para las que se han dado cuotas entre Bs. 5.500 y Bs. 80.000. En el parcelamiento 7, financiado por el Ipasme, la alcaldía aprobó la construcción sin un plan de urbanismo, comentó Hilde González, compradora de una opción.
Afectados denuncian que algunas de casas de la etapa II han sido invadidas y desvalijadas.
Las casas no comprometidas del proyecto serán vendidas por el Banco Fondo Común para resarcir las pérdidas financieras en la congelación de negociaciones con el precio del primer contrato de compra venta, según el acuerdo de enero pasado.
Los integrantes del Colectivo de Víctimas piden que estas casas se destinen a las 38 familias que pagaron y aún no tienen vivienda asignada, como acordó la junta administradora anterior, en uso de la providencia administrativa No 087, de abril de 2011.
La fiscalía imputó a 8 personas por estafa continuada, defraudación, usura y asociación para delinquir. El único detenido es el gerente general de la empresa transnacional en Margarita, Gerardo Domínguez, comentó la vocera.
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