(Caracas, 01 de julio de 2013) El
Ministerio Público logró privativa de libertad para el exgobernador del estado
Guárico, Luis Enrique Gallardo, y cinco exfuncionarios de su equipo de gobierno
por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión, entre los años
2010 y 2012.
Las
otras personas que fueron privadas de libertad son: el expresidente del
Instituto Autónomo de la
Vivienda, Leonardo Rodríguez; el exsecretario general de gobierno,
Carlos Alfonzo Cerezo; el expresidente de la comisión de contrataciones de la gobernación,
Ciro Pérez Pérez; el exconsultor jurídico, Nemecio Cedeño; y el exsecretario de
infraestructura, Argel Barrios.
Los
fiscales 17° de la referida jurisdicción y auxiliares, Justo Flores, Oscar
Álvarez y Yusmelys Irazabal, respectivamente, quienes investigan el caso en
conjunto con el fiscal 55° nacional, José Rivero, imputaron al exgobernador por la presunta comisión de
los delitos de peculado doloso propio, violación de procedimientos
licitatorios, malversación específica de fondos públicos y concierto de
funcionario público con contratista, todos previstos en la Ley contra la Corrupción.
Asimismo,
los cinco exfuncionarios fueron imputados por los mismos delitos pero en grado
de complicidad.
La
audiencia de presentación se llevó a
cabo en el Tribunal 2° Control de Guárico, instancia que admitió la
precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad y fijó como sitio de
reclusión el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito.
Adicionalmente,
la instancia judicial acordó medidas de prohibición de enajenar y gravar
bienes, además del bloqueo de las cuentas bancarias de los imputados.
Las
seis personas estaban siendo investigadas desde el 22 de marzo de este año, cuando
el actual procurador del estado Guárico, Ricardo Romero La Roche, denunció ante
el Ministerio Público el presunto incumplimiento en la ejecución de recursos
para la construcción de viviendas en diferentes municipios del estado Guárico, durante
la gestión de Gallardo.
De
acuerdo con la investigación, el daño patrimonial ocasionado al Estado asciende
a más de 60 millones de bolívares, recursos que habían sido aprobados para la
construcción de 650 viviendas.
Fuente: Ministerio Publico
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