Caracas, 27 Ene.- El cumplimiento del margen máximo de ganancia
de 30%, fijado en la Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos
vigente desde el pasado viernes, es obligatorio y no depende de
providencia alguna de la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos.
La Superintendente Andreína Tarazón indicó este lunes que en la
primera providencia que publicará su despacho se definirán los elementos
de la estructura de costos de quienes ejerzan actividades económicas en
el país, en función de la cual se definirán el margen de ganancia y los
precios justos de los bienes y servicios, que en ningún caso podrán
exceder el tope establecido en la ley.
Ratificó que "todos los sectores de la vida nacional deben adaptarse
de inmediato a la ley, independientemente de que no se haya sacado
alguna providencia".
La Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos indica que la
ganancia de empresas, comercios y industrias no podrá exceder 30%, en
función de la estructura de costos de cada una. Además, se podrán
determinar márgenes por sector, rubro, espacio geográfico, canal de
comercialización, actividad económica u otros conceptos.
Explicó que por rubro y sector "puede haber un tope menor (a 30%), de acuerdo con la estructura de costos".
"La Ley establece que este tipo de medidas se irá tomando
progresivamente, de manera que la primera providencia administrativa que
va a publicar la Superintendencia, esperamos que en las próximas horas,
va a ser para clarificar qué entiende la Superintendencia como
estructura de costos", explicó.
La Superintendencia publicará progresivamente las providencias por
cada uno de los sectores, en función de su carácter prioritario para el
pueblo.
Mientras tanto, el margen máximo de ganancia que cada empresa
puede obtener es ese 30% y se mantienen los precios fijados por el
Ejecutivo durante las inspecciones que efectuó en noviembre pasado para enfrentar la especulación que caracterizó la guerra económica de la derecha contra la Revolución.
También continuará por ahora el canon de arrendamiento señalado por
el Gobierno para los locales comerciales (máximo 250 bolívares el metro
cuadrado).
"La máxima ganancia es sobre la estructura de costos, es decir, todo
lo que necesita una empresa o negocio para llevar a cabo su actividad
económica. Está estipulado gasto de personal, de los instrumentos de
trabajo, los gastos administrativos, el alquiler; de manera que es 30%
de ganancia neta sobre los costos para producir el bien o para su
importación", puntualizó.
Sobre los productos cuyo precios están regulados por el Estado desde
hace dos años, dijo que continuarán bajo ese esquema. En tanto, la
Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, Karlín Granadillo,
comentó que no se descarta incorporar otros rubros de primera necesidad a
este grupo.
Tarazón apuntó que se dará continuidad al proceso de fijación de
precios en las medicinas, pendiente desde el año pasado."Atenderemos
primero las necesidades más inmediatas del venezolano, pero todo va a
esta regulado por la Superintendencia", enfatizó, incluida la vivienda.
Además destacó que se mantendrán mesas de diálogo por sectores económicos para conversar sobre la normativa.
Este jueves se tiene previsto un primer encuentro con empresarios en
la Vicepresidencia. "La ley es severa pero también flexible, en tanto
viene a regular la economía y ese tipo de leyes debe ser flexible y
adaptable a la realidad", acotó.
Asimismo, Tarazón detalló que para la creación del Registro Único de
Personas que Desarrollan Actividades Económicas, que debe crearse por
mandato de la ley, hay un plazo de 180 días y la Superintendencia
mediante providencias informará los pasos y metodologías a seguir.
Impuesto no debe ser cargado al precio
La Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos destacó que los
mecanismos de análisis de las estructuras de costos no varían tanto con
respecto a la utilizada por la Superintendencia de Costos y Precios, que
ella también lideró y desapareció por mandato de la Ley para ser
absorbida por la Sundee.
Puntualizó que se guían por las teorías contables existentes, en
función de las cuales determinan distorsiones como algunas empresas que
cargan los impuestos que deben cancelar en los precios al público.
En la actualidad, estudian los diferentes criterios y mecanismos para
definir esa estructura de costos, que es lo que vaciarán en la
providencia, para que el sector productivo pueda tener una guía.
La idea es que el precio represente lo que costó producir el
bien o servicio y que no se fije en base a la usura y la especulación.
Sobre su efecto sobre la inflación, Granadillo dijo que la Ley es uno
de los mecanismos para combatir este aumento, acompañada de las medidas
de la Vicepresidencia Económica. "Es un complemento para ir controlando
la inflación", apuntó.
Esta Intendencia trabaja en la definición de los criterios para las fiscalizaciones para hacer cumplir la norma.
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