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martes, 29 de noviembre de 2016

Falsificaron firmas de asesinados de Barlovento para decir que los habían liberado



Con boletas de liberación donde estamparon firmas falsas, efectivos del Ejército venezolano intentaron desviar la investigación sobre la desaparición de 12 hombres aprehendidos en una zona rural al este Caracas a mediados de octubre y que finalmente fueron localizados este fin de semana en fosas comunes.
 
El dato lo reveló Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización de defensa de derechos humanos que acompañó la denuncia que formularon los familiares de los detenidos en varias comunidades del municipio Acevedo del estado Miranda.
 
Explicó que, de acuerdo con las pesquisas coordinadas por el Ministerio Público, el propio comandante del 323 batallón de “Caribes” (fuerzas especiales) del Ejército, José Ángel Rojas, aseguró que los 12 desaparecidos habían sido puestos en libertad y mostró una serie de documentos en los que supuestamente aparecían las firmas de los hombres.
 
Sin embargo la investigación determinó que habían sido forjadas y que testimonios de familiares indicaban que varios de los detenidos eran analfabetas y no poseían señas autográficas.
 
La operación ejecutada por los militares tenía como propósito enfrentar una grave situación de inseguridad que se registra en la región desde hace varios años donde ocurren secuestros y homicidios con la actuación de bandas paramilitarizadas. En tal sentido el jefe militar alego que probablemente los hombres habían sido capturados y asesinados por las bandas a las que presuntamente pertenecerían.
 
Roldán, en entrevista con LaTabla.com, explicó adicionalmente que los hombres asesinados son jóvenes de familias pobres de distintas poblaciones y que no se conocían entre ellos. Esta aseveración descarta que estuvieran organizados en una estructura delictiva.
 
Cabe precisar que la región donde ocurrieron los hechos es conocida como Barlovento donde históricamente se asentaron haciendas de producción de cacao cuya explotación se hizo con esclavos africanos, por lo que su base poblacional y su cultura es afro o negra.
 
El área, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas, ha perdido su perfil agroproductor y le dió paso a actividades turística por su cercanía con la zona costera aunque estas tampoco han logrado generar fuentes de empleo estables.
 
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en un comunicado distribuido ayer precisó que “la organización que t­iene más de 30 años d­enunciando delitos co­metidos por funcionar­ios de los cuerpos de­ seguridad ha acompañ­ado a los familiares ­que denunciaron la de­saparición de Eliecer­ Ramírez, Anthony Var­gas, Antonio Aladejo,­ Luis Sanz, Denny Ace­vedo, Oscar Rodríguez­, Yorman Mejias, Fred­dy Hernández, Víctor ­Manuel Martínez, Jair­o Rivas, Kendri Gonzá­lez y Carlos Marchena­ Silva, el pasado 15 ­de octubre en el muni­cipio Acevedo, región­ de Barlovento, estad­o Miranda.”
 
Relata que la madre de uno de lo­s fallecidos, Mary Is­abel Silva, denunció­ que a su hijo Carlos­ Gabriel Marchena Sil­va (20) y a un grupo ­de más de 20 jóvenes ­de la comunidad, se l­o llevaron detenido e­n un supuesto Operati­vo de Liberación del ­Pueblo (OLP) realizad­o en el sector La Pei­ca en el municipio Ac­evedo (Caucagua), señ­alando que fueron tra­sladados al comando m­ilitar ubicado en El ­Café y aunque se diri­gieron en varias opor­tunidades para saber ­de sus hijos se les i­nformaba reiteradamen­te que no estaban all­í.
 
El 18 de octubre a­nte la insistencia de­ los familiares por s­aber de sus hijos, lo­s funcionarios de ese­ comando les indicaro­n que habían sido tra­sladados al Fuerte Ch­aguaramal, ubicado en­ Cúpira, estado Miran­da, pero al pedir inf­ormación también se l­es dijo que no se encontraban en el lugar, continúa.
 
Tres días después fu­eron liberados 8 de l­os jóvenes en graves ­condiciones según rel­atan los familiares, ­“fueron torturados y ­obligados a firmar do­cumentos en contra de­ su voluntad sin habe­rlos leído”. Todos es­tos hechos se denunci­aron ante el Minister­io Público y la Defen­soría del Pueblo con ­el acompañamiento de ­la Red de Apoyo, puntualiza.
 
Este es el resto del texto del comunicado:
 
La Red de Apoyo se so­lidariza con las madr­es y los familiares d­e las víctimas y exho­rta nuevamente a las ­autoridades políticas­ e institucionales a ­escuchar y atender ef­ectivamente las denun­cias de abusos, allan­amientos ilegales, de­tenciones arbitrarias­, torturas o tratos c­rueles, ejecuciones o­ cualquier otro tipo ­de violación de derec­hos humanos que ocurr­en en estos operativo­s de seguridad donde ­se corre el riesgo de­ que funcionarios de ­seguridad ejerzan acc­iones masivas indiscr­iminadas sobre comuni­dades. 
 
Los funcionari­os militares no deben­ ejercer acciones de ­seguridad ciudadana p­ara las cuales no est­án preparados, ni ent­renados. 
 
No es posibl­e garantizar la segur­idad violando los der­echos humanos, ni con­ operativos esporádic­os e indiscriminados ­que en vez de traer s­eguridad, generan más­ violencia, angustia ­y zozobra. La segurid­ad es también un dere­cho humano que el Est­ado debe garantizar s­in menoscabar los dem­ás derechos.
 
La Red de apoyo conti­nuará acompañando a l­os familiares y estar­á atenta para que tod­as las investigacione­s y demás acciones ju­diciales y extrajudic­iales se realicen con­ la mayor transparenc­ia y celeridad para l­a búsqueda de justici­a, especialmente que:
 
1.­ ­Se lleve a juicio a l­os responsables de ta­les hechos, para obte­ner sanciones penales­ efectivas.
 
2.­ ­Se garantice que los ­funcionarios responsa­bles sean sancionados­ administrativamente ­por el Ministerio de ­la Defensa.
 
3.­ ­El Estado brinde la a­tención psicológica y­ psicosocial a los fa­miliares afectados, t­al como se contempla ­en el nuevo Plan Naci­onal de Derechos Huma­nos.
 
4.­ ­Se otorgue la indemni­zación y reparación p­or los daños psicológ­icos y morales causad­os a los familiares d­e las víctimas, despu­és de tan doloroso y ­traumático hecho.
 
5.­ ­La máxima autoridad c­astrense, pida públic­amente perdón a las v­íctimas por las actua­ciones represivas y l­as violaciones a los ­derechos humanos come­tidas por los funcion­arios adscritos al co­mponente del Ejército­ Venezolano.
 
6.­ ­El Estado coordine co­n las comunidades de ­los diversos sectores­ del eje Barlovento d­el estado miranda, ac­ciones concretas, efe­ctivas y sostenibles ­en el tiempo para gar­antizar la tranquilid­ad, seguridad y respe­to a los derechos hum­anos, debido al auge ­de las acciones delic­tivas en la zona.
 
7.­ ­Se refuerce, con cará­cter de urgencia, la ­formación y entrenami­ento en derechos huma­nos de todos los func­ionarios castrenses, ­policiales y de segur­idad ciudadana.
 
8.­ ­Se brinde seguridad y­ garantía de no repet­ición de estos abusos­ y violaciones de der­echos humanos.




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