La Asunción, 27 Jul. AVN .- La zozobra creada por los medios privados de comunicación en miles de familias de los municipios Maneiro y Arismendi, en Nueva Esparta, ha dado paso a la calma, una vez que el Gobierno Bolivariano ha dejado clara su posición: no se busca despojar de su vivienda a nadie.
Una fuerte campaña mediática generó angustia en los pobladores de esas jurisdicciones neoespartanas, isla ubicada al oriente venezolano.
Según la versión del diario El Nacional, 2 mil familias perderían sus tierras y casas debido a que las 521 hectáreas de terrenos donde están asentadas fueron declaradas "ociosas o incultas" por el Instituto Nacional de Tierras (Inti).
Pero la matriz de los medios opositores ha ido desmoronándose poco a poco.
No incluye tierras urbanizadas
En primer lugar, se trata de un plan de revisión de tierras con vocación agrícola desarrollado por el Inti, que en ningún momento ha incluido las tierras urbanizadas.
Así lo explicó a AVN en su oportunidad, la coordinadora regional del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Zulay Moreno.
“Que quede claro: El plan incluye sólo aquellas tierras que están desocupadas. Nosotros rescatamos tierras agrícolas, no viviendas. Sólo se regularizará lo que está ocioso. No hay expropiaciones”.
Proceso legítimo
Pero la campaña continuó y el director nacional del Inti, Pedro Guerra, tuvo que visitar Nueva Esparta para aclarar aún más lo que versiones malintencionadas habían oscurecido la situación.
En primer lugar, nunca se trató de más de 500 hectáreas, sino de 300.
521 hectáreas entre los municipios Maneiro y Arismendi fueron decretadas como Área Rural de Desarrollo Integral (Ardi) en 1987. De allí, 168 hectáreas ya están urbanizadas. Es el restante el que está bajo estudio para evaluar su vocación agrícola.
“Significa que es una política de Estado rescatar las tierras en esa poligonal donde exista la posibilidad de producir alimentos para nuestro pueblo”, aseguró Guerra.
Más adelante, Pedro Guerra recalcó la legitimidad del proceso.
“Se revisará ese decreto, y las tierras que aún tengan vocación agrícola se aprovecharán. Todo se realizará dentro de un proceso legítimo y transparente que no busca quitarle la vivienda a nadie, y que involucra al Poder Popular a través de los consejos comunales, las alcaldías bolivarianas y el PSUV”, expuso.
Seguidamente, precisó: “Si va a haber un desarrollo integral en esas tierras, se le dará continuidad. Si hay proyectos para parques, áreas verdes para la recreación, se llevarán adelante. Pero todo dentro de la política del Gobierno revolucionario, que beneficie al colectivo, al pueblo”.
“Lo que sí vamos a evitar es que uno pocos se enriquezcan con esas tierras”, puntualizó el funcionario.
Llamado a la tranquilidad
Mientras esto ocurría, la Alcaldía bolivariana del municipio Arismendi instaló una comisión técnica evaluadora, integrada por personal de ese ayuntamiento, ediles y miembros de consejos comunales, con el objetivo de verificar la propiedad de los terrenos y explicar la medida del Inti a los habitantes.
El gerente municipal, Luis Díaz, explicó que a través de esta comisión, la cual estará hasta el 31 de julio en las instalaciones del mercado municipal de Arismendi, regularizarán la propiedad y entregarán a sus dueños los títulos de los terrenos que no excedan de 500 metros cuadrados, como lo establece la ordenanza municipal de ejidos.
En caso de que algunas parcelas excedan la cantidad de metros establecida en la normativa municipal, efectuarán una recopilación de información para verificar si en ellas hay viviendas construidas, y de ser así, entregarán una bienhechuría de la propiedad, explicó el alcalde.
“Nadie ocupa tierras ilegales. La posición es mantener la tranquilidad y que la comunidad sienta que tiene un defensor de sus derechos en el municipio”, afirmó el alcalde Díaz.
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